El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, informó que se ha iniciado la indagatoria sobre el presunto espionaje por parte del gobierno federal contra periodistas, defensores de derechos humanos y académicos. El funcionario prometió que dicha investigación será imparcial.

Sánchez Pérez compareció ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a la que no asistieron diputados del PRI y PRD, únicamente del PAN, Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Ahí, el funcionario dijo que la Feadle inició una investigación de oficio a partir de la información publicada por el rotativo estadounidense The New York Times, donde se aseguró que el gobierno de México intervino comunicaciones de periodistas y activistas a través de un programa llamado Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

Aseveró que la investigación es contra quien resulte responsable por el delito de intervención ilegal de comunicaciones en su modalidad de equipo de cómputo y sistemas, y que denunciaron periodistas como Carmen Aristegui.

Reconoció que son señaladas autoridades de la PGR y del Cisen como posibles responsables del espionaje, por lo que el fiscal precisó que si la investigación se encamina a funcionarios federales, serán llamados a declarar en caso de que haya pruebas de ello.

La diputada presidenta de la Comisión Especial, Brenda Velázquez (PAN), criticó que el gobierno federal sí cuente con recursos y mecanismos para supuestamente espiar a periodistas, y no para el Mecanismo de Protección.

Reconoce impunidad

El fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo reconoció que la impunidad de los delitos cometidos contra periodistas sigue siendo un reto que debe asumir el Estado mexicano con responsabilidad.

Como Fiscalía tenemos absoluta claridad de que la impunidad de los delitos que se cometen en nuestro país contra la prensa es un reto que debemos asumir con toda responsabilidad y con todo compromiso (...) Mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección de periodistas no serán suficientes para evitar nuevos actos de esta naturaleza , aseveró.

Incluso, el fiscal hizo suya la frase acuñada por organizaciones sociales y de periodistas: La verdad no se calla agrediendo periodistas, y las agresiones a personas que ejercen la labor y el libre ejercicio de la libertad de expresión significan una afrenta a toda la sociedad .

Reconoció que entre el 2016 y el 2017 hubo un repunte de agresiones contra representantes de los medios de comunicación, al cometerse en esos dos años 17 homicidios, principalmente en los estados de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, entidades donde más se han denunciado amenazas, agresiones y asesinatos. Hay un repunte y hay que asumir ese compromiso .

Informó que la Feadle elabora dos protocolos, uno para la atención de víctimas y sus familiares, y el segundo operativo para los funcionarios de esa fiscalía, a fin de que en cualquier caso de agresión contra un periodista se asuma como principal línea de investigación su labor informativa.

Aunque dijo que no toma las agresiones como una mera estadística, el fiscal dijo que desde su creación, la Feadle tiene abiertas 101 averiguaciones previas y 132 carpetas de investigación por un total de 121 homicidios contra informadores.

Destacó que ese número de homicidios se cometieron de la siguiente manera: 31 del 2000 al 2006; 61 del 2007 al 2012; y 29 del 2013 al 2017.

Destacó que del total de homicidios, la Fiscalía ha judicializado ante los juzgadores dos casos de asesinatos contra periodistas, uno de ellos por el caso del crimen del reportero Maximino Rodríguez Palacios, de Baja California Sur.

A su vez, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero, pidió a la Cámara de Diputados hacer una previsión presupuestal, a fin de que el Mecanismo de Protección cuente en el 2018 con recursos suficientes, pues dijo que este año se han incrementado, en más del doble, las solicitudes.

Por otra parte, en el Senado, legisladores del bloque PT-Morena exigieron que los titulares de Gobernación, Cisen y PGR comparezcan por el caso de presunto espionaje.

En este sentido se pronunció el Grupo Parlamentario del PRD, que en voz de su coordinadora, Dolores Padierna, informó que además de las comparecencias, solicitarán los contratos para verificar cuál fue la autoridad que adquirió este tipo de tecnología.

El senador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, pormenorizó que presentarán un punto de acuerdo para exigir a la PGR una investigación. (Con información de Ana Langner)

A la espera de los recursos: Segob

El secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró, en referencia al artículo publicado por The New York Times, en donde se dan a conocer presuntas actividades de espionaje por instancias del gobierno hacia periodistas y activistas: Hemos rechazado por supuesto tal reportaje .

Refirió que esperan las denuncias pertinentes para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto y pueda ver si hay algún elemento al respecto. Nosotros rechazamos que se esté haciendo algún tipo de investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos u ONG , indicó.

En el contexto de una reunión de seguridad en Sinaloa, Osorio Chong aseveró que las investigaciones que realizan las autoridades federales se enfocan en combatir la delincuencia organizada.

Nosotros rechazamos que desde el gobierno se esté utilizando (...) cualquier instrumento para seguimiento de espionaje a cualquier medio de comunicación , indicó.

Caso Valdez

Por otra parte, el secretario respondió, a pregunta explícita sobre el avance de las investigaciones del asesinato del periodista de La Jornada, Javier Valdez, que son varias las acciones que se están realizando , así como las líneas de investigación, a través de la PGR.

Cuando se tengan elementos y sustancia para poder informar, así va a suceder, hoy está en proceso la investigación y por su puesto en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se le ha venido también acompañando a la familia ante los hechos ya referidos (...), no se ha dejado de investigar , aseguró. (Con información de Héctor Molina)