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Dan entrada a solicitud de juicio político vs Aguirre
Ángel Aguirre ni nadie del gobierno del estado están despachando en el palacio del gobierno, asegura que trabaja desde una oficina en Acapulco.
La Cámara de Diputados dio entrada a una denuncia de juicio político en contra de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, y de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, por hechos y omisiones" en los casos de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y de la tortura y ejecución del líder de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y de sus compañeros Félix Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez, en mayo del año pasado.
Admita y dé trámite, en términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, a la presente denuncia y solicitud de juicio político en contra del C. Gobernador constitucional del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero y el C. procurador general de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, por los hechos y omisiones que se exponen en este escrito , cita la denuncia de 38 páginas interpuesta por Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
A través del escrito, el diputado federal del PT presentó una relatoría de los hechos denunciados, que incluyó la transcripción de notas de prensa, boletines oficiales y de entrevistas concedidas a medios electrónicos de comunicación por parte de Aguirre Rivero y Murillo Karam.
El petista consideró además la situación de orden y seguridad que priva en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Olinalá y Acapulco.
Los hechos que se narran acreditan que los funcionarios señalados son responsables del trastorno del funcionamiento normal de las instituciones en el estado de Guerrero, en los municipios que se señalan, y de la propia Procuraduría General de la República", precisa el texto.
Huerta Ladrón de Guevara llamó a la Cámara Baja a dar celeridad al desahogo de su denuncia, a fin de evitar que sea enviada a la congeladora legislativa, destino de todas las solicitudes presentadas a la fecha en contra de distintos funcionarios y autoridades.
