Todos los candidatos a un cargo de elección popular tienen derecho a solicitar esquemas de seguridad, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el inciso 3 del artículo 244 se lee: “El presidente del Consejo General (del INE) podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero presidente”.

Este miércoles, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, presentaron el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia de la República.

En entrevista, el consejero Marco Antonio Baños explicó que el rol del INE es el de recibir y tramitar las solicitudes de esquemas de seguridad directamente a la Secretaría de Gobernación, dependencia que, posteriormente, hará una evaluación de las condiciones en las cuales podría darse la campaña del candidato y en consecuencia determinar si se debe, o no, brindar seguridad. De ser el caso, analizará el tipo de protección que se le ofrecerá.

Baños informó que hasta el momento, para el proceso electoral del 1 de julio, no hay solicitud alguna registrada y en ejercicios pasados “ha habido menos de 100 candidatos que han pedido esquemas de seguridad”.

Baños detalló que la seguridad se ofrecerá a los candidatos a todos los cargos de elección popular que se sientan amenazados. No obstante, deberán explicar cuál es la situación que lo pueda poner en peligro y, en consecuencia, tramitar su esquema de seguridad.

en el gobierno de fox

El 9 de enero del 2006, con motivo del proceso electoral de ese año, el entonces presidente Vicente Fox Quesada expidió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se asignó al Estado Mayor Presidencial la responsabilidad de proporcionar seguridad a los candidatos de los diferentes partidos a la Presidencia de la República.

En ese entonces se brindó el apoyo a tres de los cinco contendientes a la Presidencia de la República. Los equipos de seguridad asignados para cada uno fueron los mismos en términos de personal, capacitación del mismo e instrumentos.

A cada uno le fue asignado un teniente coronel diplomado de Estado Mayor, que fungió como coordinador del equipo de seguridad, con 12 elementos bajo su mando, así como con dos vehículos, armamento y equipos de comunicación.

Es de mencionar que el Estado Mayor Presidencial es un órgano técnico militar, cuya principal misión es la de proteger al presidente de la República. También otorga protección a la familia del primer mandatario; al presidente electo del país, a los expresidentes de la República, a secretarios de Estado y a otras personas que, por su encomienda o situación, el titular del poder Ejecutivo federal así lo instruya. En este último caso se encuentran, entre otros, los candidatos presidenciales de los diversos partidos políticos.

Así, fue en diciembre del 2011, previo al arranque de precampañas para la elección federal del 2012, que se oficializó un acuerdo entre el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y la Segob mediante el cual se ofrecieron escoltas a los aspirantes a cargos de elección popular que no fueran los que contendían por la Presidencia de la República.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía hasta entonces que, en el caso de los candidatos presidenciales, el IFE podía solicitar al gobierno federal que les asignara seguridad; sin embargo, aspirantes a otros cargos quedaban fuera de la medida.

la firma para el 2018

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral presentaron el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia de la República. El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, ofreció, que sin intervenir en el proceso electoral, “dar las mayores medidas de protección” a los abanderados presidenciales, pero también a candidatos a otros cargos que así lo requieran.

En un mensaje a medios en el Salón Juárez de Gobernación, acompañado por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, Navarrete Prida afirmó que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar un ambiente de libertad, seguridad y crear condiciones de gobernabilidad democrática para el adecuado desarrollo del proceso electoral.

Añadió que, “no se trata de trasladarle al Instituto Nacional Electoral una responsabilidad que constitucionalmente nos obliga a los niveles de gobierno a hacerla, hacerla cumplir y hacerla valer muy bien”.

Por su parte, Córdova Vianello dijo que el INE es responsable de organizar el proceso electoral federal, “pero no somos ni pretendemos ser, como tales, los responsables de generar condiciones de seguridad. No tenemos ni un mandato constitucional para tal efecto, ni las herramientas o los conocimientos para tal efecto”.

Por ello, demandó al gobierno federal que “un sistema democrático requiere de paz pública (...) no solamente para que las campañas se desplieguen de cara a la ciudadanía, sino también para que los ciudadanos mexicanos tengan precisamente esas condiciones para cumplir con el rol al que están llamados a cumplir en democracia”.

El secretario Navarrete Prida dijo que el protocolo fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor Presidencial, cuyos elementos se harán cargo de la seguridad de los candidatos presidenciales que así lo soliciten al INE, tal y como se ha implementado en las pasadas elecciones federales del 2006 y el 2012.

Explicó que el protocolo también aplicará en casos de candidatos a diputados federales o senadores de la República, cuya protección correría a cargo de la Policia Federal, y en el caso de otros cargos locales, en conjunto con las corporaciones estatales.

De esa forma, dijo Navarrete, los contendientes presidenciales pueden tener la certeza de que, si así lo requieren, serán protegidos y auxiliados con total profesionalismo.

“Está abierto el gobierno de la República, para, en este marco de facultades que tiene, no entrometerse en el proceso electoral, no participar en lo que tiene que ver con las campañas, no es su función, ni la vocación, ni la convicción”, expresó.

“Y al contrario, en lo que sí es una responsabilidad, darle el apoyo al árbitro electoral y a su presidente, que es nuestra obligación”, señaló.

Navarrete mencionó que fue una instrucción del presidente Enrique Peña que la Segob colabore y trabaje de manera estrecha con las autoridades electorales para que las y los contendientes, así como los ciudadanos que emitirán su voto, tengan un entorno de seguridad favorable.

En el evento también estuvieron el subjefe de Seguridad del Estado Mayor, general Brigadier Enrique García Jaramillo, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.