Concamin pide participar en la redacción de cambios a Ley 3de3

La obligatoriedad de presentar declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal podría obstaculizar las inversiones y los apoyos gubernamentales dirigidos a las pymes, alertó el sector industrial del país.

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus declaraciones correspondientes, por lo que urge que se emprendan modificaciones al artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La interpretación de la ley tal como está redactada sería aplicable a los beneficiarios de Prospera y Proagro, los pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex, así como los becarios del Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.

Precisó que la propuesta de la Concamin es modificar el artículo 32 y, en su calidad de órgano de consulta del Estado mexicano, participar en la elaboración de la reglamentación correspondiente.

Sin embargo, por técnica legislativa deben revisarse, de igual forma, los artículos 3, 4, 27, 28, 29, 30,31, 33, 36, 37,46, 48, 73 y 81 de la minuta relativa a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La obligatoriedad para los industriales de presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimoniales y fiscales no está basada en antecedentes nacionales ni experiencias internacionales que justifiquen la pertinencia y necesidad de las mismas , cuestionó Herrera Vega.

El artículo 32 de la legislación pretende convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política sino en un nuevo trámite para becarios y beneficiarios de programas.