Existe consenso entre los diputados federales de que hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los elementos del Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México.

Así se consigna en el informe preliminar de actividades del grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados que coadyuva con las autoridades en la investigación de los hechos del pasado 30 de junio, cuando 22 personas fueron presuntamente fusiladas por militares.

Las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos, y como homicidio calificado en el ámbito penal , refiere el documento.

Según diferentes versiones, amplía, el número de víctimas de ejecución extrajudicial va de ocho a 15, por lo que las víctimas de un enfrentamiento armado podrían variar desde siete hasta 14.

Los legisladores no han podido presentar conclusiones de sus trabajos porque las instituciones involucradas en el caso no les han entregado ninguna información documental solicitada de manera formal, y de ahí que su reporte preliminar se base sólo en aportaciones verbales . Siete meses después no se ha podido concluir el caso tampoco desde el punto de vista de los legisladores, por la alteración de elementos, de la escena de los hechos y el desplazamiento de cadáveres, fuera de su posición original.

Las 25 personas (22 asesinadas y tres sobrevivientes) son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a derechos humanos. Por ende, los familiares de las 22 personas que fueron privadas de la vida pueden legal y legítimamente reclamar sus derechos a una reparación integral que corresponde en términos de la legislación penal... , cita el informe en el punto 9, de 28.

Y que el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios es la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la PGJE.