El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular.

El dictamen discutido este martes ante el pleno fue modificado en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.

Entre los cambios propuestos se encuentra que se le resta la facultad al presidente de la República para solicitar el proceso de revocación de mandato, y éste pueda ser convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de 3% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y que correspondan por lo menos a 17 entidades.

Mientras que la minuta enviada por la Cámara de Diputados planteaba que el presidente de la República, así como 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o 3% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, tenían la facultad de solicitar al Congreso que iniciara el proceso de revocación.

Además, las y los legisladores de San Lázaro propusieron que la votación se llevara a cabo el mismo día de la jornada electoral para elegir los cargos a diputaciones federales; sin embargo, en la Cámara Alta plantearon que el proceso se realice 90 días después de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, ya sea federales o locales.

Por otra parte, el artículo 84 constitucional señala que en caso de faltar el presidente de la República, el titular de la Secretaría de Gobernación es quien asume de manera provisional la titularidad del Poder Ejecutivo.

Mientras que el Senado de la República incluyó que en caso de haberse revocado el mandato del Ejecutivo federal, será la presidencia del Congreso de la Unión quien asuma el cargo.

El documento indica que la revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de administración del presidente en turno.

Del mismo modo, los gobernadores de las entidades y el representante del Gobierno de la Ciudad de México podrán ser revocados de su cargo y las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos.

En el caso de los estados, la solicitud también deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de administración; sin embargo, deberá ser al menos 10% de los integrantes de la lista nominal de electores de la entidad quienes la soliciten.

La organización de los procesos de revocación de las autoridades federales estará a cargo del INE, mientras que los órganos locales deberán organizar los procesos en las entidades federativas.

Para la reforma en materia de consulta popular, si bien la Cámara de Diputados planteó que no será motivo de ello la restricción de los derechos humanos, los tratados internacionales de los que México sea parte, ni el sistema financiero, ingresos, gastos, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Senado apuntó que tampoco lo serán las obras de infraestructura en ejecución.

Finalmente, el dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados ante los cambios hechos por la Cámara de Senadores.

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