Los gobernadores y legisladores locales han utilizado la complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para hacer lenta su implementación, planteó César Sánchez Gaona, especialista en asuntos de anticorrupción del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.

Explicó que generalmente los gobernadores alientan la publicación de las leyes estatales en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, una vez que ya se tiene el marco normativo, a lo que recurren es a congelar lo más posible las designaciones de los funcionarios que tienen que ver con el sistema, ya sea en los órganos de transparencia, los de fiscalización y administrativos, así como en los comités ciudadanos encargados de coordinar los esfuerzos.

Posteriormente, cuando, ya sea por presiones ciudadanas o por otra circunstancia, se ven obligados a hacer las designaciones, el siguiente paso al que recurren es a cooptar a los funcionarios, o bien a colocar a personas que no tienen experiencia en esos temas y sí una trayectoria en sus gobiernos.

El primer problema con esto es que en muchas entidades no se tienen los perfiles idóneos en puestos clave de los sistemas estatales anticorrupción.

Con ello, se tienen sistemas disfuncionales o incompletos. Puso como ejemplo el hecho de que hay cinco estados que aún no cuentan con una secretaría ejecutiva, lo cual es preocupante porque sin ello no se pueden gestionar los recursos para la coordinación de todos los entes públicos.

Dijo que hay tres estados que no tienen una fiscalía anticorrupción, es decir, no hay nadie que pueda llevar los casos penales ante los jueces para que se procesen las denuncias. Además, si no existe este órgano, no se puede activar el nuevo código penal en donde ya se tipifican como delitos elementos una lista de conductas.

Comentó que en el caso de Guerrero casi todos los órganos de gobierno que tienen que ver con el sistema anticorrupción están encabezados por allegados al gobierno del estado, o incluso a exgobernadores, lo cual se traduce en que hay personas en esos puestos con evidentes ligas con figuras de gobierno o políticos.

En otros casos, hay mezclas de elementos que los hacen disfuncionales. Puso como ejemplo el caso de San Luis Potosí, donde el Comité Ciudadano del sistema fue integrado en parte por personas que sí tienen conocimiento en la materia, mientras la otra parte son exservidores públicos.

Destacó que este tipo de situaciones se dan en todos los estados. “Realmente, lo que encontramos es que en ninguno de los casos funciona bien”, es decir, hay instancias que no cooperan como deberían, y otras que no son proactivas como deberían. Ante eso, realmente los casos de corrupción parecen quedarse impunes, porque no se está generando una dinámica de trabajo dentro del sistema que lleve los casos de la denuncia a la sanción.

Comentó que eso se explica, en parte, por cuestiones del diseño del sistema que se convierten en obstáculos, como el hecho de que tarda mucho en funcionar la secretaría ejecutiva y no hay dinero para trabajar.

Sin embargo, hay cuestiones de fondo, como el papel de los gobernadores y de los congresos locales, que en lugar de ser las instancias ante las que se rinden cuentas, y se esperaría que se le presentaran recomendaciones y se trabaje en ellas, para generar políticas de mejora, lo que ocurre es que desde los ejecutivos y legislativos se plantean ciertos perfiles para ocupar puestos del sistema que o no saben o no tienen la intención de cumplir con sus tareas.

Sin embargo, el especialista comentó que en la mayoría de los estados la implementación prácticamente ya se completó. Los que están realmente atrasados son Ciudad de México, Chiapas y Campeche, porque ahí no se han conformado sus comités ciudadanos, encargados de coordinar al resto del sistema. Por lo tanto, el sistema no existe como fue diseñado.

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