Se prevé que sean hasta 10 años los que tendrán que esperar los funcionarios públicos para poder ingresar a alguna empresa privada que hayan regulado o supervisado durante su tiempo en funciones en el gobierno, según la Ley Federal de Austeridad; no obstante, otras figuras, como son los mismos legisladores y que reforman las leyes de los propios sectores, quedan fuera de esta regla que busca evitar los conflictos de interés.

Hasta ahora no hay norma que prohíba o restrinja que los diputados o senadores, quienes modifican las leyes y aprueban, por ejemplo, nombramientos de funcionarios que integran órganos reguladores, puedan tener empresas o trabajar en alguna que tenga que ver con las reformas que autorizan o los nombramientos que aprueban.

El investigador de Mexicanos contra la Corrupción, Ricardo Alvarado Andalón, destacó la necesidad de regular al Legislativo en estos rubros.

“Los diputados, precisamente como son los que crean marcos legales, también debemos tener, no la estamos teniendo, la discusión de dónde poner candados (...) La pregunta es: ¿la persona regulada puede meterse de inmediato como diputado a cambiar las leyes?”, expuso.

El especialista planteó que debe ser a través del parlamento abierto que se discuta el tiempo de restricción para que un empresario se pueda volver legislador o un legislador pueda ingresar al sector privado.

Por su parte, Fernando Dworak, especialista en el Poder Legislativo, indicó que deben ser los comités de ética de ambas cámaras del Congreso de la Unión los encargados de dictar las reglas para evitar algún tipo de anomalía entre las relaciones de legisladores con la Iniciativa Privada (IP).

Los comités de ética a su vez —consideró— deben ser regulados de manera externa.

“Si se deja a los legisladores la administración de estos comités de estándares éticos, no van a ser eficientes. Es decir, a qué legislador le va interesar acusar y condenar a sus compañeros, por lo tanto en este primer modelo sólo funciona cuando hay un escándalo tal que tienen que tomar una resolución”, sostuvo.

Dworak dijo que en países con las regulaciones en el rubro más avanzadas como las de Reino Unido y Estados Unidos, los comités éticos tienen a su vez un órgano autónomo en su interior que se dedica a verificar que se cumplan los estándares éticos, investigar cualquier violación a los estatutos de ética y recomendar sanciones a quienes infringen las reglas.

A su vez, Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, puntualizó que no sólo se deja fuera al Legislativo de la medida sino también a otros niveles de gobierno como los municipales, “en donde hay menos capacidades y controles más débiles”.

Sobre la restricción de 10 años a funcionarios públicos para trabajar en áreas privadas a su salida, la especialista en temas de rendición de cuentas manifestó que, hasta ahora, no hay un diagnóstico que permita identificar el por qué de los 10 años, cuando en países con servicios de carrera avanzados la regla va de seis meses hasta tres años.

“Excluir medidas clave como la profesionalización, el seguimiento de carreras, la separación de lo público y lo privado hacen dudar de la efectividad de la medida, y por el contrario, se pueden generar efectos no deseados como enriquecimiento ilícito y falta de profesionalización”, alertó la experta.

El proyecto de Ley Federal de Austeridad, que fue aprobado en el Senado hace algunas semanas, regresó a la Cámara de Diputados, en donde se turnó ya a las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto para su dictamen, debido a la modificación del segundo párrafo del artículo 24, que cambió de cinco a 10 años la mencionada restricción.

Qué incluye la ley y qué pueden hacer los congresistas hoy en día

  • Se prevé crear una restricción de tiempo (10 años) para que los funcionarios puedan ingresar a empresas que regularon o supervisaron durante su encargo.
  • En principio, la Cámara de Diputados había establecido que la restricción fuera por un periodo de cinco años. Los senadores lo cambiaron a 10 años.
  • La nueva estipulación sería sólo aplicable para funcionarios, por lo que legisladores quedarían fuera.
  • Hasta ahora, no hay norma que impida que los legisladores puedan ingresar a empresas privadas una vez que terminen su cargo. También pueden pasar a otros cargos de elección popular.
  • Han existido escándalos de conflictos de interés en el Legislativo.
  • Legisladores mantienen consultorías o empresas en general, en algunos casos familiares, que pueden vincularse a legislaciones aprobadas en las cámaras.
  • No obstante, así como otros funcionarios públicos, las declaraciones patrimoniales y de intereses de los legisladores se mantienen, en su mayoría, cerradas al escrutinio público.
  • Basta con entrar en las páginas electrónicas de la Cámara de Diputados o de Senadores para observar que en el apartado de declaraciones patrimoniales son pocas las que se encuentran disponibles, y las que hay mantienen información restringida.
  • Especialistas consideran que deben ser los comités de ética al interior de las cámaras los que observen que no exista conflictos de intereses entre legisladores y privados.
  • En países como Estados Unidos o Reino Unido, los comités de ética del Congreso tienen a su vez un órgano autónomo en su interior que vigila el actuar de los mismos legisladores.

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