Los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que dotan a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las entidades judiciales estatales la facultad de pedir a las empresas de telefonía celular la ubicación de un teléfono o dispositivo móvil que se vincule con actividad de la delincuencia organizada sin la necesidad de una orden judicial, son constitucionales avalará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el segundo día de discusión del Pleno de la SCJN de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que solicita la invalidez de los artículos 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, 16 fracción primera apartado a y 40 Bis, de la Ley federal de telecomunicaciones; ya suman los seis votos necesarios para que una norma se declare constitucional, con lo que se rechaza la solicitud de la Comisión.

A la propuesta de declarar constitucional a la llamada Ley de Geolocalización, presentada por la Ministra Margarita Luna Ramos, se han sumado los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Fernando Franco González Salas.

De acuerdo con los procesos jurídicos, se requiere el voto a favor de seis de los 11 ministros que conforman el Pleno del Máximo Tribunal para avalar la constitucionalidad de una norma.

Al debate se suma la propuesta del Ministro Lelo de Larrea de lograr una interpretación conforme de este precepto integrándolo al orden jurídico constitucional, es decir, establecer condiciones concretas de aplicación de la norma para evitar abuso de poder.

ana.langner@eleconomista.mx

apr