Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, declaró que los grupos de autodefensas tendrán que registrar sus armas y les serán retiradas las sean de uso exclusivo del ejército.

Advirtió que "arma que no sea registrada ante la Secretaría de la Defensa y que termine en determinado momento implicada o que exista alguna flagrancia que se cometa con esa arma, tendrá todas las consecuencias legales que pudiera tener".

En entrevista para RadioFórmula, Castillo Cervantes indicó que después del acuerdo firmado el día de ayer con las autodefensas y los representantes de los gobiernos federal y estatal, las autoridades serán quienes entreguen lo que necesiten para continuar con su labor.

Dijo que las autodefensas deberán realizar un padrón para saber quiénes quieren participar y quienes deseen regresar a sus actividades cotidianas. A partir de esa información se verá quiénes integrarán los cuerpos de defensa rurales, los cuales que estarán adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a quienes podrían formar parte de las policías municipales.

Aseguró que podrán portar armas de bajo calibre o las que usan regularmente para la caza, además de que confirmó que más que un registro, es un desarme total, el cual será hecho por el ejército.

El comisionado declaró en entrevista que "Independientemente del cruce de información que se haga para ver si existe algún pendiente con la justicia, hemos buscado también a los liderazgos tradicionales o locales, para poder validar en este caso los nombres de estas personas y saber que estamos incorporando a ciudadanos que estaba luchando en una causa legítima , y agregó que es importante evitar infiltraciones de quienes no tengan la convicción de defender a sus comunidades.

Manifestó que el gobierno federal confía en los ciudadanos para trabajar en conjunto, aunque en el pasado no se entendieron, situación que el crimen organizado aprovechó provocando la formación de los grupos de autodefensas como una respuesta de la debilidad institucional y la corrupción de las policías locales.

Con información de RadioFórmula y Milenio

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