Al cierre de 2021, las 57 salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ubicadas a lo largo del territorio nacional, estarán operando tanto en la modalidad presencial, como con juicios en línea, informó Luz María Anaya Domínguez, integrante de la Junta de Gobierno y Administración de esa institución.

En entrevista, la también exmagistrada presidente de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, adelantó que, a partir del próximo 21 de marzo, 24 salas del Tribunal contarán con la nueva versión de juicios en línea.

Con ello, cualquier particular que tenga una resolución en la materia que le cause un perjuicio y que decida impugnarla, podrá optar por buscar la impartición de justicia por la vía presencial o en línea.

Solo es necesario contar con la firma electrónica avanzada y la Clave Única de Registro de Población (CURP), para poder iniciar un expediente electrónico que se ponga a consideración de los impartidores de justicia.

Destacó que el juicio en línea no solo significa ahorros en papel, sino que tiene otras ventajas, como el acercar la justicia a los particulares.

Sin embargo, mencionó que, como todo sistema nuevo, hay que seguir avanzando en convencer a los particulares de que es una plataforma confiable y accesible.

Recordó que no se trata de un asunto nuevo en el TFJA, pues esa modalidad de juicios se implementó desde 2011.

Incluso, en su momento, ese tipo de acciones colocó al TFJA a la vanguardia en materia de prestación de servicios de impartición de justicia a escala mundial.

Al principio se pensó operar en las 57 salas regionales, sin embargo, se concentró en dos salas: la de Juicio en Línea, que atiende todas las materias y la sala de Propiedad Intelectual.

Incluso desde antes de la pandemia, en 2019, el TFJA tenía la decisión de reforzar esta modalidad y se comenzó a desarrollar una versión 2 del Juicio en línea, que es precisamente la que estará disponible en todas las salas a finales de este año.

Sala de Propiedad Intelectual recibe 2,000 demandas al año

Anaya Domínguez planteó que, a escala nacional, es necesario avanzar en materia de educación y cultura  de protección de los derechos de autor, para proteger las obras, en el caso de derechos de autor y lo que tiene que ver con el derecho industrial, es decir invenciones y marcas, por ejemplo.

Para la funcionaria, es necesario fomentar que los autores e inventores tengan el sentido de la protección de su obra.

A escala internacional, los derechos de autor tienen dos grandes ramas: por un lado, los derechos de propiedad industrial, que tiene que ver con la innovación, como las patentes, diseños industriales y signos distintivos, denominaciones de origen.

En este caso, la autoridad administrativa es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y están regidos por la Ley de Propiedad Industrial

Por otra parte, está lo que tiene que ver con los derechos de autor, donde está la parte intelectual, creativa de las personas, que plasman en un medio material. En este caso, la autoridad administrativa es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la ley que rige es la Ley Federal del Derecho de Autor.

La especialista destacó que uno de los grandes retos de la propiedad industrial sigue siendo que, cuando hay violaciones a los derechos  de los titulares, a veces los medios de defensa y, sobre todo  de reparación del daño, no son tan efectivos.

Recordó que en 2020 se promulgó la Ley de Propiedad Industrial y, precisamente, una de sus pretensiones es tratar que, esas reparaciones de daños, pueda ser más afectivas.

Recordó que cualquier resolución del Indautor y del IMPI es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Explicó que, anualmente esa sala recibe  alrededor de 2,000 demandas, principalmente de asuntos relacionados con propiedad industrial, particularmente con negativa de marcas, cuestiones de patentes y procedimientos contenciones, es decir, cuando alguien es dueño de una marca  y alguien copia o pretende explotar de manera indebida esa marca.

En cuestión de derechos de autor, son recurrentes las reservas por uso de derechos que protegen a los personajes y publicaciones de revistas.

diego.badillo@eleconomista.mx