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Acuerdan crear procuradurías de protección a DH de menores
El subsecretario de Prevención de la Segob aseguró que actualmente existen 12,000 menores siendo procesados por algún delito.
En comisiones, los senadores han acordado que para una efectiva protección y restitución de los derechos de los menores de edad, la Federación y los estados creen procuradurías especiales de protección a las niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el dictamen de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -documento que modifica la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto en torno a la infancia-, las procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de los menores.
Además, tendrán que prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente con representación en todos los procedimientos judiciales y administrativos en que participen los infantes.
Entre sus facultades también se encuentra dar seguimiento a los procesos de adopción y ser conciliador y mediador en casos de conflicto familiar cuando los derechos de los menores hayan sido restringidos o vulnerados.
Incluso, las procuradurías especiales serán las encargadas de denunciar ante el MP los casos que presuman como delito en contra los niños.
En cuanto a la adopción internacional, precisa que la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes adoptados sean garantizados en todo momento.
La ley también deberá garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos .
El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar hasta en tanto culmine el proceso de cambio de nacionalidad o cumpla la mayoría de edad , añade el documento.
En tanto, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer un estudio elaborado por la investigadora Elena Azaola, que detalla que alrededor de 12,000 niños y adolescentes en el país están sometidos a un procedimiento penal por la comisión de delitos de robo, homicidio, portación de armas, narcotráfico y delincuencia organizada, de acuerdo con la Estrategia de Atención Integral a Jóvenes en conflicto con la Ley.
De esos 12,000 niños y adolescentes procesados, alrededor de 7,000 son por delitos no graves y 5,000 por delitos graves.
