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Abroga Congreso Ley sobre Delitos de Imprenta promulgada por Carranza
La ley fue promulgada por Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del Ejército constitucionalista y encargado del poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.
Foto: Cuartoscuro
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad —92 votos—, el decreto por el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917; fue promulgada por Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del Ejército constitucionalista y encargado del poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.
El panista José Alfredo Botello afirmó que la abrogación deja ya sin efecto la amenaza que existía contra los periodistas al ejercer la libertad de expresión.
Y es que la exposición de motivos del dictamen establece que la libertad de expresión es un derecho que debe protegerse y garantizarse para fortalecer el Estado democrático de derecho, por lo que aquellas legislaciones que lo limiten o menoscaben, como la Ley sobre Delitos de Imprenta, deben ser excluidas del orden jurídico.
La aprobación de la minuta, cuyo dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación, es importante, explicó desde la tribuna Ricardo Monreal “porque con esta abrogación se sepulta toda contradicción, todo retroceso, en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que la decisión tomada es importante también porque hace tres semanas en la Cámara de Diputados se presentó y aprobó, vía rápida, en comisiones una iniciativa de reformas para establecer y agravar sanciones por injurias al presidente de la República.
“Obviamente, es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales del hombre y de la mujer. Por eso, frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.
Al fundamentar el decreto, su correligionaria Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que diputados federales y senadores coincidieron en que la citada ley “ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el Estado de derecho, como son: la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de imprenta”.
