Ante diputadas y diputados federales, Jaime Valls Esponda, secretario General Ejecutivo de la ANUIES, mostró su preocupación por lo que llamó, “un deterioro sistemático del presupuesto dedicado a la educación superior”.

Al entregar a las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación los Informes de las Auditorías Financieras de las Universidades y los reportes de logros académicos del ejercicio fiscal 2020, el secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), alertó que estas reducciones generan un ambiente de incertidumbre y reduce las capacidades de las instituciones educativas poniendo en riesgo su desempeño.

Valls Esponda, también destacó el arduo trabajo que realizaron las universidades durante la pandemia de Covid-19 y la cultura de transparencia y rendición de cuentas que, dijo, prevaleció en las casas de estudio, sin embargo, consideró que la solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo.

Es motivo de gran preocupación la situación financiera crítica que enfrentan un grupo de universidades públicas. No se trata de un problema coyuntural, ya que han operado en condiciones deficitarias en los últimos años, por el déficit presupuestario derivado de su sistema de pensiones y jubilaciones”, dijo.

Por su parte, David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, dijo que tras los debates que surgen en torno a si las universidades deben ser objeto de fiscalización se tiene que tomar en cuenta que a lo largo de los años estos mecanismos han sufrido modificaciones y actualizaciones para reflejar que el principio de autonomía universitaria no es antitético con el principio de rendición de cuentas de los recursos que provienen del pueblo de México.  

Además de señalar que el hecho de que las universidades e instituciones de educación superior presentan ante las comisiones pertinentes la documentación que refleja su gestión administrativa y académica, es parte de los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.

"Prácticamente la totalidad de las naciones dedican recursos públicos importantes con la expectativa legítima de que se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad en su conjunto; es por ello que deberán rendir cuentas respecto a la utilización de los recursos que provienen de la sociedad y que se les confían para el cumplimiento de sus objetivos”, indicó.

En tanto, rectores y representantes de Consejos Regionales de diversas universidades públicas coincidieron en las demandas de mayores recursos para las instituciones.

Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma Chiapas y presidente del Consejo de la Región Sur Sureste, dijo que se viene con una insuficiencia de recursos y existe crisis en varias instituciones donde hay problemas estructurales desde hace varios años, por lo que celebró que se abra el debate de cómo dar financiamiento a éstas de cara al presupuesto del próximo año. “Regresaremos a clases presenciales con más necesidades y una sociedad lastimada”.

El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, en representación de la Región Centro Occidente, Jorge Ignacio Peña González, refrendó el compromiso de este sector con el uso razonable, adecuado y transparente de los recursos asignados, “se invierte en lo que se debe invertir para mejorar la calidad de las instituciones. Tengan la garantía de que quienes administramos los fondos no nos los quedamos”. Pidió a las y los diputados confiar en las universidades”.

Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, en representación de la Región Noroeste, alertó que uno de los principales problemas es el crecimiento del pasivo de las pensiones que constituye un riesgo financiero. Por ello, para garantizar educación de calidad, la gratuidad y seguir creciendo la matrícula, pidió que se den recursos suficientes por arriba de la inflación real.

Mientras que Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en representación de la región Noroeste, afirmó que el Estado tiene que redefinir el futuro de las universidades públicas a mediano y largo plazo, así como resolver de fondo sus problemas estructurales, porque estas instituciones son el patrimonio cultural y científico más valioso. Ratificó el compromiso de ser transparentes y rendir cuentas. Pidió a las y los diputados tener el presente inmediato de las universidades porque son el futuro de los jóvenes. 

Finalmente, legisladores de diferentes grupos parlamentarios llamaron a reflexionar sobre las situaciones financieras que viven las universidades.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) expresó la necesidad de generar políticas públicas que las haga sostenibles social y económicamente a corto, mediano y largo plazo, para rescatarlas, mantengan su plan de trabajo, la oferta educativa e infraestructura, sobre todo la calidad de la enseñanza.

A nombre del MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo sostuvo que la universidad pública tiene un carácter de seguridad nacional por lo que urgió a dar equidad al reparto de recursos en el presupuesto. “Necesitamos que la Secretaría de Educación Pública replantee ante la Secretaría de Hacienda la restitución de recursos financieros para resolver los problemas estructurales en las universidades”.

En tanto, la diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) lamentó que para 2022 “no se tiene la mejor sonrisa en términos presupuestales para las universidades”, porque, aunque se habla de que estas instituciones pueden dar un cambio de vida, no se ve reflejado en la toma de decisiones. “Tenemos una deuda social por esta falta de recursos que vislumbramos”.

Por Morena, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia dijo que el apoyo del gobierno de México y la estrategia con la educación es clara; por ello, durante 2022 se asignaron al Ramo 11 del presupuesto más de 364 mil millones de pesos, equivalente a cuatro por ciento más en comparación al presente año. Advirtió que los recursos deben ser correctamente ejercidos y fiscalizados.

kg