Visas revocadas, explicaciones pendientes

Desde hace meses, la revocación de visas estadounidenses a políticos y funcionarios mexicanos mezcla hechos comprobados, versiones periodísticas y rumores. El problema no es solo lo que Estados Unidos hace, sino lo que callan quienes perdieron el documento.

En octubre de 2025, la agencia de noticias Reuters informó que el gobierno de EU había cancelado las visas de por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. La medida parece ser parte de una ofensiva contra los cárteles y sus presuntos aliados políticos. El Departamento de Estado no difundió los nombres ni explicó cada caso. La ley estadounidense considera confidencial esa información.

Desde entonces han aparecido nombres. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó en mayo de 2025 que EU le retiró la visa, al igual que a su entonces esposo, Carlos Torres. Después se conocieron casos de políticos y funcionarios de varios partidos. El más reciente es Andrés Manuel López Obrador Beltrán, hijo de AMLO y hasta hace poco secretario de Organización de Morena.

El junior morenista no guardó silencio y publicó una carta dirigida a Donald Trump en la que acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar por motivos políticos. Sin embargo, no explicó por qué EU tomó la decisión ni aportó información sobre el origen del conflicto. Negó haber cometido algún delito, pero convirtió un procedimiento consular en una confrontación política.

La mayoría de los afectados ha seguido otra estrategia: no confirmar, no negar y no explicar. Es comprensible para proteger su imagen, pero políticamente resulta insuficiente. Si un funcionario considera injusta la decisión, debería decirlo y exponer los datos que respalden su versión. El silencio no prueba culpabilidad, pero tampoco elimina las dudas.

La opacidad estadounidense agrava el problema. Revocar una visa no equivale a presentar cargos, imponer sanciones ni demostrar vínculos con el narcotráfico. La decisión puede responder a información de inteligencia, sospechas, razones migratorias, declaraciones públicas o criterios de seguridad nacional. Por eso sería irresponsable presentar a todos los afectados como delincuentes.

También sería ingenuo suponer que lo que ocurre es una simple revisión burocrática. Reuters la ubicó dentro de una estrategia contra el narcotráfico y sus redes de protección política. Nunca se había utilizado esta herramienta con tal amplitud contra la clase política mexicana y EU parece haber encontrado una forma de presionar sin entregar pruebas, abrir procesos ni asumir el costo de una acusación formal.

El Departamento de Estado informó este mes que este año ha revocado más de 175,000 visas en el mundo por delitos, violaciones migratorias, amenazas a la seguridad y otras causas. No publicó el desglose por nacionalidad hasta el momento.

Mientras EU mantenga la confidencialidad y los afectados se refugien en el silencio, cada nueva revocación producirá sospechas. El gobierno de Trump sabe lo que encontró o cree haber encontrado y los políticos afectados también deben tener alguna idea. Quienes siguen sin saberlo son los mexicanos, aunque se trate de funcionarios que ejercen poder, administran recursos públicos y están obligados a rendir cuentas.

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