La trampa fiscal: deuda, favores y botas

Si el gobierno federal no organiza una tanda para sacar dinero es únicamente porque a López Obrador ya se le había ocurrido fingir la rifa del avión presidencial. Lo cierto es que la administración de Claudia Sheinbaum busca la manera de conseguir recursos para pagar todas las gansadas de su antecesor.

La aprobación de la Ley de Ingresos en San Lázaro dejó al descubierto esa dura realidad de las finanzas públicas mexicanas: la desesperada sed de liquidez obtenida con un costo político bajo –sin una reforma fiscal–, pero a expensas de la equidad tributaria y la sostenibilidad macroeconómica. Lejos de consolidar una estructura fiscal sólida y progresiva, la oficialía de partes legislativa instrumenta parches recaudatorios y el afianzamiento de privilegios presupuestales.

En primer lugar, el cambio más revelador durante la discusión en lo particular fue la eliminación del límite de 300 millones de pesos para acceder al Programa de Regularización Fiscal. Lo que en el discurso oficial se presenta como una simple facilidad administrativa para liquidar adeudos sin multas ni recargos, es en los hechos una amnistía velada o un salvavidas a la medida para aproximadamente 16,000 grandes contribuyentes.

Que esas empresas tengan un respiro financiero y que el Gobierno obtenga efectivo inmediato para cubrir la brecha presupuestal puede sonar conveniente; sin embargo, al perdonar recargos en litigios multimillonarios, el Estado envía un mensaje peligroso: la disciplina fiscal a secas es para las familias y las medianas empresas, mientras que para los grandes capitales hay la ley y la gracia de la negociación.

Otro asunto no menor tiene que ver con el elefante en la sala: la deuda pública y el costo de su servicio. La autorización de un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos, sumado a los 13,500 millones de dólares de endeudamiento externo, confirma que el país vive de prestado para sostener el gasto corriente. Porque es un hecho: el endeudamiento no se destina a construir capacidades futuras que generen crecimiento, sino a cubrir el gasto diario ya comprometido y a sostener los programas asistencialistas que dan sustento político a este régimen.

Y también los ajustes a la Ley Federal de Derechos demuestran que el militarismo presupuestal no solo se consolida, sino que extiende sus raíces a cobros de naturaleza meramente civil. El incremento en la cuota de estancia para visitantes extranjeros esconde una distribución asimétrica y preocupante: más de 57% de lo recaudado por este derecho migratorio irá a parar directamente a las arcas de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que al Instituto Nacional de Migración se le asigna apenas 15 por ciento.

Entre la condonación velada a los grandes deudores, la trampa del endeudamiento para gasto corriente y la transferencia de ingresos fiscales hacia la estructura militar, el presupuesto federal dibuja un panorama sombrío; no se puede ocultar la realidad de que la cobija presupuestal no alcanza para cubrir los excesos del pasado y los compromisos del presente; la solución que plantean no es la disciplina, sino los parches. Cobrarle al turista para fondear al Ejército, endeudar más al país para pagar el gasto corriente y perdonar a los grandes deudores para tapar el boquete de hoy son los síntomas de un modelo fiscal agotado.