La seguridad explica el arribo de Trump y líderes fuertes

La seguridad es la demanda más sentida de una mayoría de personas. Se trata de la seguridad física y patrimonial, así como de la seguridad económica. Dos fenómenos se cruzan y refuerzan: la ola criminal que azota a una parte importante de diversos países -y se ensaña en los más vulnerables- y el cambio tecnológico, que arruina las antiguas certezas de empleo, sobrevivencia de empresas y el enorme poder de los monopolios tecnológicos que transforman y trastocan nuestras vidas, al controlar nuestra conducta y guiar nuestra conciencia. En ambos casos el Estado ha fallado, en particular en América Latina. El crimen asuela al campo y a la ciudad y sus gobiernos han sido incapaces de brindar un soporte básico de seguridad económica que permita superar la angustia y el temor ante el cambio radical del mundo.

La historia demuestra que la inseguridad -entendida en sentido amplio, que es física, patrimonial y de estabilidad económica- es el terreno fértil para que las sociedades acepten líderes que prometen “mano dura”, incluso a costa de sacrificar derechos y libertades. Desde la antigua Roma hasta la actual América Latina, el miedo y la ansiedad han legitimado concentraciones de poder que someten a los individuos.

El caso de Roma, entre otros, resulta ilustrativo. La aceptación del poder absoluto de Augusto fue la culminación de un siglo de crisis. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., la República se sumió en una serie de guerras civiles entre facciones rivales -optimates y populares, senadores y caudillos militares- que devastaron el campo y las ciudades. Las legiones se convirtieron en instrumentos de ambición personal, los saqueos y confiscaciones arruinaron patrimonios enteros. La inseguridad era cotidiana, abarcando todos los órdenes de la vida: ni las élites ni el pueblo confiaban ya en las instituciones republicanas. La economía sufrió una inflación persistente. Las tierras pasaban de bando en bando. Las antiguas certezas de la vida cívica se desmoronaron. En ese contexto de miedo y postración, el revolucionario Octavio -convertido en Augusto- ofreció lo que la mayoría ansiaba: paz y orden.

La Pax Romana fue aceptada como un pacto implícito: los romanos renunciaron a las libertades políticas de la República a cambio de seguridad física y patrimonial. Augusto mantuvo las formas republicanas -el Senado, los magistrados, las asambleas- pero vació de contenido sus funciones, concentrando en su persona el poder militar, fiscal y religioso. La ciudadanía, cansada de la violencia y la incertidumbre, prefirió un régimen autoritario y un hombre fuerte. El episodio muestra cómo la inseguridad prolongada convierte la promesa de seguridad en el argumento más persuasivo para legitimar la concentración de poder. Preservar vida y estabilidad antes que libertad.

Este patrón histórico encuentra su formulación teórica más clara en Thomas Hobbes, quien en Leviatán sostuvo que en el estado de naturaleza los hombres viven en una condición de inseguridad perpetua, una “guerra de todos contra todos” (‘el hombre es el lobo del hombre’), donde la vida es “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Para escapar de esa violencia, los individuos acuerdan ceder parte de su libertad y soberanía a un poder común que garantice paz y protección. La creación del Estado moderno es, en esencia, un pacto de seguridad: los hombres entregan derechos a cambio de orden. Esta tesis explica por qué los romanos aceptaron a Augusto como garante de la Pax Romana, y por qué, en distintos momentos históricos, sociedades golpeadas por la inseguridad prefieren a líderes que prometen certezas.

Otro caso paradigmático fue el de Alemania de principios del siglo pasado. Tras la Primera Guerra Mundial -agravada por la Gran Depresión- el país padeció una crisis económica y social profunda: la inflación descontrolada, el desempleo masivo y el resentimiento por las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles generaron un ambiente de frustración colectiva que crearon un terreno fértil para el ascenso de Adolf Hitler. La República de Weimar perdió legitimidad por la inflación de 1923 y el desempleo que alcanzó a más de seis millones de personas en 1932. Ian Kershaw documenta, en Hitler: 1889–1936 Hybris, cómo el miedo y la violencia política facilitaron la aprobación de la Ley Habilitante de 1933, que otorgó poderes dictatoriales al Führer.

En Los orígenes del totalitarismo (1951), Hannah Arendt señala que el desempleo masivo y la precariedad económica crearon una masa de individuos aislados y vulnerables. Esa desintegración social fue el caldo de cultivo perfecto para que el nazismo ofreciera una “comunidad” y un sentido de pertenencia. Hitler convirtió la inseguridad física y patrimonial en un eje de su discurso. De acuerdo con la filósofa, el totalitarismo se legitima prometiendo protección frente al caos, pero a cambio exige la entrega total de la libertad individual. La combinación de pobreza e individuos aislados, atemorizados, resentidos, sin vínculos sociales ni esperanza y vida miserable (resuena la profecía de Hobbes), facilitó una identidad común al nombrar a los judíos como el enemigo.

En Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron un trauma colectivo que se tradujo en la aprobación del Patriot Act. La ley otorgó al gobierno poderes extraordinarios de vigilancia y detención, restringiendo libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. Bruce Ackerman, en Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism, explica cómo el miedo al terrorismo legitimó la erosión de los derechos en una democracia consolidada.

Esa primera ola de inseguridad física se sumó a la inseguridad económica provocada por la crisis financiera de 2008, que dejó millones de desempleados y acrecentó la percepción de que el sistema político había fallado en proteger a los ciudadanos. En este contexto, la promesa de seguridad y orden se convirtió en una idea política poderosa.

La segunda dimensión fue la migratoria. Durante la administración de Joe Biden, los cruces fronterizos alcanzaron cifras récord: en diciembre de 2023 se registraron más de 249 mil encuentros en la frontera sur, aunque luego disminuyeron tras las nuevas restricciones de asilo. Sin embargo, la percepción pública fue que el gobierno había perdido el control de la frontera. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, criticó la lentitud de Biden para nombrar un “zar” migratorio y añadió que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de reasignar recursos a sus mega obras, propiciaron la crisis migratoria.

Donald Trump capitalizó esa combinación de inseguridad económica y migratoria. En su primer año de gobierno, implementó una política de mano dura con detenciones y deportaciones masivas que superaron las 622 mil repatriaciones en 2025. Sus medidas fueron criticadas por abusos y violaciones de derechos humanos, pero reforzaron la narrativa de que sólo un líder fuerte devolvería la seguridad y el control. La ciudadanía, ansiosa por certezas, aceptó restricciones legales y políticas más duras, repitiendo el patrón histórico: el miedo y la inseguridad legitiman la concentración de poder y erosiona libertades.

Trump fue el síntoma de una secuencia de crisis: primero los atentados terroristas que hizo aceptable la vigilancia masiva, luego la inseguridad económica de la Gran Recesión, efecto de la liberación financiera y económica que impulsó la especulación y trasladó empleos y procesos productivos a países con bajos salarios. Finalmente, sobrevino la percepción de descontrol migratorio bajo Biden. La historia muestra que cuando el Estado falla en proveer seguridad integral -física, patrimonial y económica- la sociedad acepta sin reparo las soluciones autoritarias. Sin más, elige relegar y sacrificar derechos fundamentales.

En América Latina, la violencia criminal y la incapacidad estatal para garantizar seguridad han impulsado políticas de militarización y populismo punitivo. En El Salvador, Nayib Bukele implementó un régimen de excepción con detenciones masivas y suspensión de garantías constitucionales, logrando una drástica reducción de homicidios. Según datos oficiales, la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100 mil habitantes en 2015 a menos de 8 en 2022, pero a costa de la erosión del Estado de derecho. Este modelo, como señalan informes de Human Rights Watch, inspira el ascenso de la ultraderecha.

A esta inseguridad física y patrimonial se suma la inseguridad económica derivada de las oleadas tecnológicas: automatización, desaparición de empleos tradicionales y el poder de los monopolios digitales que condicionan la vida cotidiana. Como advierte Carissa Véliz en Profecía, “Somos vulnerables a las predicciones porque somos criaturas ansiosas y deseosas, sedientas de certezas”, pues “El mundo es un lugar despiadado, peligroso y [también] hermoso. A cada paso que damos resuena la misma pregunta: ¿será hoy el día en que todo se derrumbe (…) nuestra ansiedad por el mañana nos hace vulnerables a los charlatanes, la tecnología fraudulenta y el autoengaño. Buscamos predicciones porque queremos desesperadamente que nos aseguren que todo va a estar bien, pero paradójicamente ponernos en manos de los profetas nos pone más en riesgo y nos hace menos libres…”.

Esa sed de certezas explica por qué las personas aceptan tanto la promesa de orden de los políticos como la guía de los algoritmos de las big tech, que moldean nuestra conducta y guían nuestra conciencia. El resultado es una doble renuncia: a las libertades políticas ante los líderes que prometen seguridad, y a la autonomía individual frente a corporaciones que ofrecen certezas digitales, el oráculo del nuevo Dios.

La lección es clara: el miedo y la inseguridad son catalizadores de soluciones autoritarias. Para evitar que la demanda legítima de seguridad derive en pérdida de libertades el desafío es construir seguridad democrática, que garantice orden sin sacrificar derechos. Ello implica políticas públicas que combinen eficacia contra el crimen, respeto al Estado de derecho, medidas económicas y regulatorias que reduzcan la ansiedad frente la revolución tecnológica. Solo así se evitará que, como en el pasado, la inseguridad sea la puerta de entrada del autoritarismo y de poderes paralelos que escapan al control democrático. Para la llamada 4T la historia parece ser materia olvidada.