Reforma de 40 horas: ¿dignidad laboral o sobrecarga empresarial?

En México, la búsqueda de una jornada laboral más humana ha alcanzado un nuevo clímax. El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración del Día del Trabajo, sobre el inicio de diálogos para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, resuena con fuerza en una nación donde las extensas jornadas son la norma: dos de cada tres trabajadores superan las 40 horas semanales, y uno de cada cuatro excede el límite legal de 48, según datos de la OCDE. Paradójicamente, como bien apunta Santiago Levy, esta intensa actividad laboral no se traduce en una alta productividad, lo que sitúa a México en los últimos puestos de la OCDE en este rubro. Este histórico debate ¿marca un camino hacia mejores condiciones laborales, o abre una serie de interrogantes, particularmente en un sector empresarial diverso en tamaño, recursos y capacidades?

El objetivo del gobierno federal es ambicioso: alcanzar una semana laboral de 40 horas de manera gradual para el año 2030 a través de un proceso de diálogo, involucrando a empresarios, sindicatos y trabajadores. Sin embargo, la capacidad de absorber estos cambios varía considerablemente entre grandes corporativos y pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El sector empresarial, representado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha manifestado su preocupación ante un entorno económico de desaceleración, disminución de la inversión y baja creación de empleos. Considera que no es el momento adecuado para implementar esta reforma de manera uniforme y aboga por priorizar medidas que eleven el atractivo de México como destino de inversión. Por lo que, propone mayor flexibilidad en el esquema y excepciones sectoriales y por tamaño de empresas a fin de considerar la heterogeneidad del tejido empresarial mexicano, donde las PyMEs representan una parte sustancial y a menudo operan con márgenes más ajustados.

La propuesta de reducir la jornada laboral no es nueva en México. En octubre de 2022, una iniciativa similar presentada en la Cámara de Diputados no logró avanzar. Ahora, bajo la nueva administración, se retoma el debate con la promesa de un diálogo inclusivo. México se suma a una tendencia en Sudamérica, donde países como Chile y Colombia ya están implementando o discutiendo reducciones graduales similares. No obstante, la concreción de esta medida en México podría extenderse hasta 2027 o 2028, dependiendo de los acuerdos que se alcancen en las mesas de diálogo.

Actualmente, la legislación mexicana establece un máximo de 48 horas laborales semanales, aunque en la práctica muchos trabajadores superan esta cifra sin que existan sanciones para los empleadores. La reducción a 40 horas implicaría la obligatoriedad de dos días de descanso a la semana, un aspecto que genera resistencia por parte de algunos patrones debido al posible incremento en los costos laborales si se requiere contratar personal adicional para cubrir los turnos, pensemos, por ejemplo, en el sector comercio al por mayor y por menor, que actualmente representa una quinta parte de la población económicamente activa. Especialistas como Baker & Mckenzie recomiendan a las empresas realizar simulaciones del impacto de la reducción de la jornada en sus operaciones y horarios internos para poder contar con evidencia que nutra la discusión datos reales de las empresas mexicanas en las mesas de análisis. Por ejemplo, se estima que el impacto en el precio de la tortilla podría ser de hasta $5 pesos por kilo.

México se distingue dentro de la OCDE por tener una de las jornadas laborales más extensas, superando incluso a países como Costa Rica, Chile e Israel. Esta realidad contrasta con la antigüedad de su marco regulatorio, que no ha experimentado cambios sustanciales desde 1917, lo que subraya la urgencia de una reforma laboral. De aprobarse, la reducción de la jornada beneficiaría principalmente a los trabajadores formales; sin embargo, según datos del IMCO, muchos de ellos ya laboran por encima del límite legal actual. La reforma, además, no alcanzaría a los millones de trabajadores del sector informal o por cuenta propia, quienes suelen enfrentar jornadas aún más prolongadas. Todo ello evidencia que, aunque necesaria, la medida es solo un primer paso para garantizar condiciones laborales más justas.

En México, la transición hacia una jornada de 40 horas no solo requiere voluntad política y acuerdos, sino también inversión, ajustes operativos y un cambio cultural en la concepción del trabajo. Además, esta promesa de bienestar se da en un contexto de desaceleración económica y presiones fiscales, lo que añade complejidad a la implementación. Para las PyMEs, la falta de acceso a crédito y tecnología puede dificultar la implementación de estos cambios también. En suma, para el sector empresarial, la reforma plantea interrogantes sobre cómo mantener la productividad y competitividad en un escenario de costos laborales crecientes; recordemos que la meta de la presidenta Sheinbaum es duplicar el salario mínimo para el 2030, además de otras reformas de beneficios laborales que se encuentran en discusión en el Congreso que, de aprobarse tendrán un impacto para el sector empresarial

Para poder absorber la reducción de horas sin afectar la producción, quizá sería necesario agregar a la discusión la necesidad de programas de apoyo para la adopción de tecnologías y la capacitación del personal. Sin embargo, esto implica abordar el tema del financiamiento de la banca de desarrollo y apoyos fiscales, en un contexto fiscal restringido: para 2025, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se estiman en un rango de 3.9% a 4.0% del PIB, y aunque se prevé una disminución a entre 3.2% y 3.5% en 2026, el espacio fiscal seguirá siendo limitado para abrir programas de subsidios. La Coparmex propone, además de integrar esquemas de gradualidad en la implementación, aplicar excepciones sectoriales e incentivos fiscales específicos para las PyMEs para facilitar su adaptación, otorgar la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, y revisar aspectos fiscales para garantizar que no haya una afectación salarial para los trabajadores.

Por el lado gubernamental, implementar la reducción de jornada exige a las autoridades laborales, tanto estatales como federales, fortalecer la inspección laboral y fomentar un diálogo social continuo con empresarios (de todo tamaño), sindicatos y trabajadores. Esto permitirá definir una implementación gradual y adaptada, considerar la creación de apoyos para PyMEs, informar a todos los actores, establecer métricas de evaluación y generar consensos para resolver conflictos. Todo esto, por supuesto tendría que reflejarse en un análisis sólido de impacto presupuestal.

El camino hacia la jornada de 40 horas será un proceso complejo que requerirá la voluntad y el compromiso de todos los actores involucrados. El desafío radica en encontrar un equilibrio que dignifique la vida de los trabajadores sin desestabilizar la economía y la capacidad productiva del país, prestando especial atención a la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, motor fundamental de la economía mexicana.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.