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Promesas ejecutivas

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OpiniónEl Economista

Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca. La clase política, periodistas y analistas hemos especulado sobre lo que vendrá, pero lo cierto es que todas son meras conjeturas dentro del ámbito de lo posible y con base en la información disponible sobre un personaje como Trump. La postura del gobierno mexicano ha sido clara al subrayar la cooperación bilateral, pues, por supuesto, siempre será preferible al conflicto. Sin embargo, son muchos los que dentro y fuera del gobierno desestiman las amenazas trumpistas únicamente como tácticas de negociación. Sin duda lo son, pero no sólo.

Por esto, y a raíz de la sugerencia de uno de los lectores de estos textos, decidí dedicar el espacio de esta semana a aquello que Trump sí puede hacer tras juramentar como el 47º presidente de los Estados Unidos. Hay una gran brecha entre una intención declarada y un hecho consumado, pero Trump tiene un margen de maniobra amplio —aunque no ilimitado—, mediante la promulgación de órdenes ejecutivas. Éstas son proclamaciones políticas emitidas por el presidente bajo su autoridad ejecutiva que le otorgan la facultad de implementar políticas de manera inmediata (especialmente si no requieren fondos nuevos), sin necesidad de la aprobación del congreso.

Aunque tienen límites legales, Trump utilizará este recurso para revertir políticas de administraciones anteriores, como lo hizo en su primer mandato. Durante su primera semana en el cargo en 2017, Trump emitió cinco órdenes ejecutivas de alto perfil —varias de ellas impugnadas en tribunales—, incluidas el veto migratorio, que prohibió la entrada a Estados Unidos a nacionales de seis países de mayoría musulmana; una declaración de emergencia nacional en la frontera que le permitió iniciar la construcción de un muro con México; y, otra más para retirar fondos federales a las ciudades santuario.

Si subrayo estos tres ejemplos es porque es altamente probable que la historia se repita, en materia migratoria, hoy un emblema del trumpismo. A unas horas de asumir el cargo, la mayoría de los medios estadounidenses subrayaban que el presidente podría firmar hasta 100 órdenes ejecutivas en su primer día en funciones, incluida la implementación de la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos y el fin de la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Deportar a millones de indocumentados es legal bajo las leyes migratorias estadounidenses. Residir en Estados Unidos sin el estatus adecuado es considerado una infracción civil, y la deportación la sanción prevista. Sin embargo, hacerlo a gran escala enfrenta retos logísticos y costos significativos. Deportar a un millón de personas al año costaría alrededor de 88 mil millones de dólares, según el American Immigration Council.

Sobre el fin del ius solis o derecho de nacimiento, cualquier intento de eliminarlo podría enfrentar una ola de litigios de organizaciones defensoras de derechos civiles. Ya en 2017, el veto migratorio de Trump enfrentó suspensiones temporales en tribunales antes de obtener el aval de la Suprema Corte, aunque en una versión diluida.

La respuesta del gobierno de México, que promete protección y asesoría legal a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, se sustenta en mecanismos legales probados. Por años, los consulados mexicanos han trabajado con organizaciones como la ACLU para defender a sus connacionales. Claro que resulta paradójico que un gobierno que ha desmantelado el sistema judicial en su propio país deba confiar ahora en el proceso legal para salvaguardar a sus ciudadanos en el extranjero. Porque comprender los límites del poder de Trump no sólo requiere reconocer las complejidades del gobierno, sino también valorar las herramientas legales que aún resisten su autoritarismo.

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