​Primero Quitar el Dolor

"Nadie debería desear morir por un dolor que la medicina ya sabe aliviar"

En agosto pasado, pacientes con enfermedades terminales y sus familias marcharon por primera vez en la historia de México para exigir la legalización de la eutanasia. La llamada Ley Trasciende acumula cientos de miles de firmas; la Cámara de Diputados organizó en septiembre un conversatorio sobre el tema; Morena abrirá foros ciudadanos en la capital en noviembre. El debate sobre cómo morir ha cobrado fuerza y ya está en la agenda legislativa.

Como médico y como legislador, propongo empezar por una pregunta anterior: ¿por qué quiere morir quien pide morir? Entre las respuestas posibles, el dolor ocupa un lugar que el debate público suele soslayar. Una persona con dolor insoportable puede desear la muerte; aliviar ese dolor puede cambiar su perspectiva. La literatura clínica describe, además, que el deseo de adelantar la muerte es un fenómeno reactivo y multifactorial: el sufrimiento no se reduce al dolor físico; también requiere atención emocional, social y acompañamiento. Precisamente para eso existe la medicina paliativa. ¿Con qué servicios cuenta hoy el país para ofrecerla?

Los números reflejan una deuda enorme. La propia Secretaría de Salud estima una brecha del 79 por ciento entre la necesidad de atención paliativa y la capacidad instalada del país: de cerca de 373 mil personas que la requieren, solo hay capacidad para atender a 63 mil al año. Un estudio reciente, con datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), documenta que el consumo nacional de opioides para el dolor, en equivalentes de morfina, cayó de 6.3 miligramos per cápita en 2013 a 1.7 en 2021. En su informe más reciente, la JIFE vuelve a advertir que el acceso a analgésicos opioides sigue siendo insuficiente en buena parte del mundo, y considera inadecuado cualquier consumo inferior a 200 dosis diarias por millón de habitantes.

Ese abandono no ocurre en el vacío: tiene causas presupuestarias y normativas identificables. La afiliación a los servicios de salud cayó del 82.2 por ciento en 2015 al 72.5 por ciento en 2025; en 2025, 35.5 millones de personas no estaban afiliadas a ninguna institución. Nuestro sistema sigue segmentado por condición laboral: el IMSS para el sector formal, el ISSSTE para el sector público, IMSS-BIENESTAR para el resto. Cuando una persona se enferma fuera de su red, la atención depende de convenios voluntarios y de un decreto administrativo que no garantizan quién paga por las personas sin seguridad social, en qué plazo, ni qué ocurre si una institución no liquida. El riesgo previsible: negativas de atención, tratamientos interrumpidos y adeudos acumulados, con el paciente en medio.

La iniciativa que suscribí junto con el Grupo Parlamentario del PAN, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 6 de octubre, busca dar certeza jurídica al financiamiento del intercambio de servicios de salud entre instituciones públicas y proteger el Fondo de Salud para el Bienestar. Su lógica es simple: convertir en derecho exigible lo que hoy depende de la buena voluntad administrativa.

Primero, atención de urgencias garantizada en cualquier establecimiento público, hasta la estabilización y el alta o el traslado seguro, con prohibición expresa de negar o retrasar el servicio por razones administrativas.

Segundo, un catálogo de servicios del intercambio de ampliación progresiva, con exclusiones únicamente por razones técnicas o sanitarias debidamente motivadas.

Tercero, una regla de pago clara: paga la institución a la que pertenece el paciente y la Federación cuando se trata de personas sin seguridad social, con conciliación mensual y pago a los sesenta días; las cuotas y reservas de la seguridad social se destinan exclusivamente a sus derechohabientes.

Cuarto, protección del Fondo que financia las enfermedades de alto costo: su umbral actual ha permitido retirar decenas de miles de millones de pesos; la propuesta lo sustituye por una reserva actuarial mínima y condiciona el reintegro del remanente a la Tesorería a una autorización expresa en el Presupuesto de Egresos.

Quinto, un cauce voluntario para que las ocho entidades no adheridas a IMSS-BIENESTAR —Guanajuato, entre ellas— participen sin perder sus aportaciones federales.

Sexto, trazabilidad presupuestal e informes trimestrales al Congreso, desagregados por institución, entidad, tipo de servicio, sexo y edad.

Mi iniciativa busca resolver quién paga y cómo se sostiene la atención entre las instituciones; no establece por sí sola una cobertura específica de cuidados paliativos. Propongo complementarla con tres medidas: incluir de manera expresa los cuidados paliativos en el catálogo del intercambio; prever presupuestalmente los opioides y los equipos de medicina del dolor; y fijar metas públicas de cobertura, incluida la atención domiciliaria, auditables mediante los informes trimestrales que la propia reforma ordena.

¿Qué tiene que ver esto con el final de la vida? Mucho. La primera etapa del Servicio Universal de Salud, que inicia el 1 de enero de 2027, incluye la continuidad de tratamientos de alto costo: insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplantes, VIH, hemofilia. Son padecimientos en los que la medicina paliativa marca una diferencia decisiva. Un paciente con cáncer que cambia de régimen por perder el empleo, o que vive en un municipio sin hospital de referencia, necesita que la maquinaria financiera entre instituciones funcione; sin ella, su derecho a la salud es retórica.

El proyecto de presupuesto para 2027 prevé el programa R038 para el intercambio; la reforma ordena los flujos existentes, exige previsiones explícitas, asigna a cada institución la compensación que le corresponde y facilita la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

No vengo a descalificar a quienes marchan por la muerte digna: su demanda merece una respuesta seria. Pero la respuesta de un Estado serio no empieza por legislar la muerte; empieza por garantizar las condiciones para vivir hasta el final sin dolor. Aliviar el dolor puede cambiar la perspectiva. Garantizar ese alivio debe ser una obligación pública. Que nadie pida morir por un dolor que pudimos aliviar.

Referencias

• [1] Gaceta Parlamentaria, conversatorio sobre eutanasia en México (23 de septiembre de 2026): https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/sep/20260923.pdf.
• [2] Medscape en español, retroceso de cuidados paliativos en México y consumo de opioides (JIFE): https://espanol.medscape.com/verarticulo/5914315.
• [3] Éctor Jaime Ramírez Barba, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 7140-II-2-1, 6 de octubre de 2026: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/oct/20261006-II-2-1.pdf
• [4] Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2025 (E/INCB/2025/1). Viena: Naciones Unidas; 2026.
• [5] Broggiato Matter, H. (2025, 4 de junio). INCB recommends increased morphine production for palliative care. International Drug Policy Consortium. https://idpc.net/blog/2025/06/incb-recommends-increased-morphine-production-for-palliative-care.

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.