Preparando la resistencia otra vez

BERKELEY – El 5 de noviembre de 2024 fue un día humillante para los demócratas. No sólo recuperó la presidencia Donald Trump, sino que los republicanos también ganaron el Senado y retuvieron (por poco) el control de la Cámara de Representantes. Si hay algún consuelo para los demócratas, es que, diga lo que diga Trump, la elección no le dio un mandato. La diferencia de voto popular a su favor fue 1.5%, la más pequeña desde el siglo XIX. Aun así, con la tríada de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, Trump podrá poner en práctica con muy pocas restricciones el programa de extrema derecha esbozado en el Proyecto 2025.  

Felizmente, Estados Unidos no es una monarquía, sino una república federal. Eso implica que los estados pueden resistirse a abusos de poder de Trump usando las herramientas del federalismo progresista, muchas de las cuales se mejoraron durante su primer gobierno.

Aunque todavía hay mucho por hacer para entender el mal desempeño electoral de los demócratas, no hay tiempo que perder en reflexiones. En las últimas semanas del gobierno de Joe Biden, él y los senadores demócratas confirmaron a tantos jueces como pudieron y aseguraron la transferencia a los estados, para su utilización, de más de un billón de dólares asignados por la Ley Bipartidista de Infraestructuras, la Ley de CHIPS y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación. Además, Biden emitió órdenes ejecutivas para prohibir operaciones petroleras en altamar, impedir la adquisición de US Steel por una empresa japonesa y destinar importantes fondos federales a medidas de respuesta a desastres y apoyo a las zonas del sur de California devastadas por los incendios.

De hecho, una buena parte de la resistencia federalista en los próximos dos años saldrá de estados como California. La semana posterior a la elección, su gobernador Gavin Newsom convocó una sesión especial de la legislatura para poner el estado “a prueba de Trump”. Luego viajó a Washington a buscar fondos para medidas de respuesta a desastres, iniciativas sanitarias y esfuerzos cruciales en materia de clima y pureza del aire. Y su propuesta de presupuesto para 2025 incluye cincuenta millones de dólares en apoyo jurídico para enfrentar en los tribunales las políticas de la nueva administración.

Newsom lleva mucho tiempo situando a California como avanzada progresista y alternativa al populismo de derecha, con medidas como promover un sistema de transporte descarbonizado, consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado, extender la cobertura del programa MediCal a los inmigrantes indocumentados, aumentar el salario mínimo y apoyar la economía de la innovación a través del excelente sistema de educación superior del estado. Su idea de “capitalismo californiano” (centrado en la clase trabajadora y en programas regionales para la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible) influyó en varios elementos centrales de la Bidenomics, entre ellos el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura.

Pero Newsom no es el único puntal de la capacidad de resistencia federalista. En los próximos años, las fiscalías de los estados tendrán un papel muy importante en la protección de los valores progresistas. Y la Asociación de Gobernadores Demócratas ha formulado una promesa: “Mientras nos preparamos para la perspectiva de volver a la ilegalidad y el extremismo que Donald Trump ha prometido en reiteradas ocasiones reintroducir en la Casa Blanca, los estadounidenses pueden confiar en que los gobernadores demócratas seguirán defendiendo las libertades fundamentales y nuestra democracia”.

En conjunto, los estados azules (controlados por los demócratas) de Estados Unidos tienen un poder enorme. Los estados de Nueva Inglaterra y de la costa oeste, junto con Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, apoyaron a Kamala Harris y representan el 32% de la población estadounidense, el 38% de su PIB y el 75% de la inversión en capital riesgo. Y si añadimos grandes áreas metropolitanas azules como Dallas, Washington DC, Filadelfia, Atlanta y Phoenix, las dos primeras cifras se acercan al 50%.

El bloque azul es una fuerza que no se puede ignorar. Aunque la tarea será ardua, los gobernadores demócratas tendrán la Constitución de su lado. La Décima Enmienda (que la Corte Suprema considera a la vez escudo y espada contra la intromisión federal) establece: “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.

Además de la resistencia legal, también están las iniciativas de consulta popular. Aunque en la mayoría de los casos no serán aplicables hasta 2026, pueden proteger los derechos e intereses de los ciudadanos mediante la modificación de las constituciones de los estados. Cuando a los votantes se les ofrece una elección directa entre alternativas, tienden a apoyar políticas progresistas, incluso en los estados republicanos. Lo hemos visto hace poco con las consultas populares sobre el derecho al aborto, el salario mínimo, la ampliación de Medicaid, la licencia parental remunerada y diversas reformas políticas prodemocracia. El Fairness Project, promotor de muchas de estas causas ha ganado 39 de sus 43 iniciativas de consulta popular en las últimas elecciones.

Aunque en los próximos dos años la resistencia desde los estados demandará la mayor parte de la atención, quienes se oponen a la agenda de extrema derecha de Trump también deben empezar a prepararse para la próxima elección. Una iniciativa prometedora es el Pacto Nacional por el Voto Popular, que está a sólo 61 votos en el Colegio Electoral de ser aprobado. Si obtiene el apoyo de suficientes estados, implicaría en la práctica eludir el Colegio Electoral, ya que la iniciativa estipula que los delegados de los estados deberán “votar por quien haya ganado el voto popular en el nivel nacional (en vez de quien haya ganado en el estado)”.

En Estados Unidos se han conseguido muchos avances a través de reformas de este tipo en el nivel de los estados. El Movimiento Progresista original nació a principios del siglo XX como respuesta a los enormes cambios provocados por la industrialización. Reformistas de clase media y trabajadora lideraron la lucha contra los grandes monopolios y la contaminación sin freno, la explotación de los trabajadores y la corrupción política.

En el transcurso de dos décadas, los reformistas de esa época lograron enormes cambios políticos e institucionales, entre ellos la introducción de las consultas populares y de revocación de mandato, la elección directa de los senadores, la reforma del empleo público y nuevas protecciones para las mujeres y los trabajadores. Las regulaciones antimonopólicas, las leyes de comercio entre estados, la legislación ferroviaria, las normas de seguridad alimentaria y farmacéutica y las medidas conservacionistas ayudaron a poner freno a los abusos de poder corporativo. Al final, reformas iniciadas en Wisconsin y California sentaron las bases del New Deal y ofrecieron un modelo a leyes nacionales y de los estados para la protección del medioambiente, de los trabajadores y de la democracia.

El federalismo progresista es nuestra mejor herramienta para resistir el peligroso retroceso democrático en Estados Unidos. Como dijo Newsom justo después de la elección: “El federalismo es la piedra basal de nuestra democracia. Es los Estados Unidos de América”.

El autor

Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Bill Clinton, es profesora en la Escuela de Negocios Haas en la Universidad de California en Berkeley e integrante del consejo asesor de Angeleno Group.

El autor

Lenny Mendonca, asociado sénior emérito en McKinsey & Company, fue asesor principal en temas económicos y empresariales del gobernador Gavin Newsom de California y presidente de la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad del estado de California.

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