La investigación científica como pilar de la prevención del suicidio en México

En México, la prevención del suicidio representa un desafío de salud pública que requiere respuestas sostenidas, fundamentadas en evidencia científica y adaptadas a las condiciones sociales, culturales y territoriales del país. Comprender el comportamiento suicida exige reconocer los conocimientos producidos durante décadas por universidades, instituciones de investigación, especialistas, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, reconocer esta trayectoria no significa que las capacidades científicas existentes sean suficientes ni que sus resultados se aprovechen plenamente. El país necesita fortalecer la investigación, ampliar sus perspectivas y establecer condiciones para que el conocimiento contribuya de manera efectiva a la prevención.

La investigación mexicana sobre el comportamiento suicida tiene antecedentes documentados desde la segunda mitad del siglo XX. Una revisión publicada en 1996 sobre los estudios realizados entre 1966 y 1994 encontró que buena parte de la producción se concentraba en el análisis epidemiológico mediante estadísticas vitales. También identificó diferencias territoriales en el desarrollo de las investigaciones, con mayor actividad científica en Guadalajara y el entonces Distrito Federal. Este antecedente muestra que el interés científico por comprender el suicidio no es reciente..

Durante ese mismo periodo se desarrollaron estudios que permitieron conocer la evolución del comportamiento suicida en México. Entre ellos destaca la investigación epidemiológica publicada en 1996 en Salud Pública de México, elaborada por Guilherme Borges, Haydée Rosovsky, Cecilia Gómez y Reyna Gutiérrez, que examinó información correspondiente al periodo 1970–1994. El trabajo recibió financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este antecedente resulta importante no solamente por su contribución científica, sino porque permite documentar una asignación pública específica a la investigación sobre suicidio. No obstante, la existencia de proyectos financiados no demuestra que el apoyo haya sido suficiente.

Con el tiempo, la investigación se amplió hacia la ideación suicida, los intentos de suicidio, los factores psicosociales, las condiciones familiares, las experiencias de violencia y las características de diferentes poblaciones. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y diversas universidades han contribuido a estas líneas de estudio. A pesar de estos avances, sigue siendo necesario conocer cómo se distribuyen las capacidades científicas, qué problemas reciben mayor atención y cuáles permanecen insuficientemente investigados.

Un antecedente cuantitativo es el análisis bibliométrico y de redes de coautoría sobre publicaciones mexicanas correspondientes al periodo 2000–2010. El estudio examinó 84 artículos científicos recuperados de PubMed, SciELO, Redalyc, Imbiomed y revistas de la UNAM. El 75 % apareció entre 2005 y 2010, el 19 % fue publicado en revistas extranjeras y el promedio fue de 3.6 autores por artículo. Estos resultados permiten observar una mayor presencia de publicaciones durante la segunda mitad de esa década. Sin embargo, los 84 documentos corresponden al conjunto identificado por ese estudio y no representan la totalidad de la producción científica mexicana.

El mismo análisis identificó redes de colaboración alrededor de distintos grupos de investigación.. Estos resultados permiten reconocer un proceso de articulación del campo científico, pero también plantean preguntas sobre su evolución: ¿qué instituciones concentran actualmente la producción?, ¿cómo se distribuyen las redes de colaboración entre regiones?, ¿cuántos proyectos integran distintas disciplinas y qué lugar ocupan las investigaciones comunitarias y de evaluación? Una revisión bibliométrica actualizada permitiría conocer con mayor precisión el volumen de publicaciones hasta 2026, las líneas de investigación predominantes, la participación institucional y las áreas que requieren fortalecimiento.

La orientación de la investigación es tan importante como su volumen. Una revisión de 32 documentos sobre comportamiento suicida de jóvenes mexicanos de 15 a 29 años, correspondientes al periodo 1980–2014, encontró que solamente el 9.37 % abordaba factores protectores. Aunque este resultado no representa toda la producción científica nacional, permite identificar una cuestión fundamental: conocer los factores asociados al riesgo no equivale necesariamente a comprender las condiciones que favorecen la protección de la vida ni a determinar qué intervenciones son efectivas. La investigación necesita ampliar sus preguntas hacia los factores de protección, las redes de apoyo, los recursos comunitarios y las condiciones sociales que pueden contribuir a la prevención y sobre todo a la implementación de intervenciones y la evaluacion de las mismas.

Los estudios poblacionales recientes continúan aportando evidencia relevante. Un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 identificó antecedentes de ideación suicida alguna vez en la vida en el 7.6 % de los adolescentes y el 7.7 % de los adultos, así como intentos de suicidio en el 6.5 % y 3.5 %, respectivamente. Estos resultados muestran la importancia de estudiar las diferencias entre grupos poblacionales y generar información que permita orientar las acciones preventivas de acuerdo con el curso de vida, las condiciones sociales y las necesidades específicas de cada población.

Desde la salud colectiva, investigar el suicidio implica reconocer procesos complejos en los que intervienen condiciones individuales, familiares, sociales, económicas, culturales e institucionales. La prevención requiere estudiar no solamente las características clínicas, sino también la violencia, las desigualdades, las condiciones de vida, los vínculos familiares, los entornos escolares, las redes comunitarias y las barreras institucionales. No se trata de contraponer disciplinas ni de desconocer la importancia de la atención clínica, sino de reconocer que cada perspectiva permite comprender dimensiones diferentes de un fenómeno complejo. Se requieren enfoques epidemiológicos, clínicos, psicológicos y sociales, así como investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias capaces de evaluar intervenciones y explicar sus resultados en contextos territoriales y culturales diversos.

El financiamiento es una de las condiciones fundamentales para ampliar y sostener la investigación científica. Sin recursos suficientes, resulta difícil desarrollar estudios longitudinales, investigaciones interdisciplinarias, proyectos comunitarios, sistemas de información y evaluaciones rigurosas. La existencia de antecedentes de apoyo público a proyectos específicos no permite establecer cuánto se ha invertido históricamente en investigación sobre suicidio ni si los recursos disponibles responden a la magnitud y complejidad del problema. Tampoco permite conocer qué proporción se destina a estudiar factores de protección, desarrollar intervenciones o evaluar resultados.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 ofrece elementos para dimensionar esta discusión. El ramo de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación dispone de aproximadamente 37 mil 361 millones de pesos. Por su parte, el programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación en salud del ramo de Salud cuenta con cerca de 8 mil 989 millones. El anexo presupuestario de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación contempla alrededor de 160 mil 844 millones de pesos para un conjunto más amplio de actividades. Estas cifras corresponden a categorías presupuestarias generales y no deben interpretarse como recursos destinados específicamente a investigar el suicidio.

La cuestión es que, a partir de estas partidas generales, no es posible establecer cuánto se asigna efectivamente a la investigación sobre el comportamiento suicida. ¿Qué proyectos reciben financiamiento?, ¿cuáles son los criterios de selección?, ¿qué instituciones acceden a los recursos?, ¿qué proporción se destina a investigación preventiva y evaluación?, ¿cómo se supervisa su utilización y qué resultados se obtienen? Disponer de información pública, desagregada y verificable permitiría valorar las prioridades presupuestarias y fortalecer la rendición de cuentas. También facilitaría identificar necesidades de financiamiento que actualmente pueden permanecer fuera de los mecanismos tradicionales de asignación.

La asignación de recursos no es una cuestión exclusivamente administrativa. Las diferencias de infraestructura, financiamiento, reconocimiento académico y acceso a redes de colaboración influyen en las preguntas que se investigan, las metodologías utilizadas y las perspectivas que adquieren mayor visibilidad. Estas condiciones pueden limitar las oportunidades de los equipos regionales, las instituciones con menor capacidad financiera y los investigadores que trabajan con poblaciones históricamente desatendidas. Financiar la investigación requiere criterios públicos de pertinencia científica y social, mecanismos de evaluación independientes y oportunidades que favorezcan una distribución más equitativa de los recursos.

La consolidación del campo científico exige examinar también las hegemonías que pueden configurarse dentro de las universidades, las instituciones de investigación y las disciplinas. La concentración de recursos, reconocimiento y capacidad de decisión en determinados grupos puede favorecer la reproducción de visiones dominantes y la formación de espacios cerrados de influencia. Cuando estas dinámicas se convierten en cotos de poder, se corre el riesgo de restringir nuevas líneas de investigación, limitar la participación de otros especialistas y excluir conocimientos producidos desde instituciones y territorios menos representados.

Superar estas condiciones requiere fortalecer la pluralidad científica, promover colaboraciones horizontales y reconocer que ninguna disciplina posee por sí sola todas las herramientas necesarias para comprender el comportamiento suicida. La investigación multidisciplinaria permite reunir perspectivas diferentes, mientras que la interdisciplinaria favorece su integración en preguntas, métodos y explicaciones compartidas. Ambas resultan necesarias para ampliar el conocimiento, mejorar la calidad de las intervenciones y evitar que las prioridades científicas respondan únicamente a intereses institucionales o de grupo.

También es necesario reconocer que el conocimiento relevante para la prevención no se produce exclusivamente en las universidades y a la hegemonia que concentran ciertas instituciones academicas y de investigacion. dejando de lado otras instituciones de todo el pais, Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones profesionales, los servicios comunitarios, las familias, los profesionales que trabajan directamente con poblaciones en situación de vulnerabilidad y las personas con experiencia vivida pueden aportar conocimientos sobre necesidades, barreras institucionales y condiciones sociales que no siempre son identificadas por los sistemas tradicionales de información. Integrar estas experiencias no significa sustituir el rigor científico, sino ampliar las fuentes de conocimiento y fortalecer la pertinencia de las investigaciones.

De acuerdo con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la prevención del suicidio requiere la participación articulada de autoridades gubernamentales de distintos niveles, instituciones de salud, educación, trabajo, justicia y protección social, universidades, centros de investigación, asociaciones profesionales, organizaciones civiles, medios de comunicación, comunidades, familias y personas con experiencia vivida.

La participación de estos actores plantea desafíos de gobernanza. Las diferencias de recursos, reconocimiento institucional y capacidad organizativa pueden influir en las oportunidades de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas. Una gobernanza multinivel y participativa requiere mecanismos claros de coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, instituciones académicas y organizaciones sociales, así como procedimientos transparentes para definir prioridades, asignar responsabilidades, tomar decisiones y evaluar resultados. La prevención del suicidio constituye una responsabilidad colectiva, aunque corresponde al Estado garantizar la conducción, coordinación, financiamiento y sostenibilidad de las políticas públicas.

La relación entre investigación y políticas públicas merece especial atención. Desde el análisis de políticas públicas, John Kingdon explica que la incorporación de los problemas a la agenda gubernamental depende de su reconocimiento, de la existencia de alternativas de solución y de las condiciones políticas que permiten actuar. En este proceso, los investigadores no solamente aportan datos: también participan en la definición de problemas, la elaboración de explicaciones y la formulación de respuestas. Sin embargo, la publicación de resultados científicos no garantiza su incorporación a las decisiones gubernamentales.

La transferencia del conocimiento requiere colaboración sostenida entre universidades, instituciones de investigación, organizaciones sociales, profesionales, comunidades y autoridades. La iniciativa Vivir la vida, de la OMS, reconoce la colaboración multisectorial, la formación, el financiamiento, la vigilancia y la evaluación como componentes fundamentales de la prevención. Esta perspectiva exige superar la fragmentación institucional y establecer mecanismos que permitan utilizar los resultados científicos en el diseño de programas.

El fortalecimiento de la investigación requiere también una reflexión ética sobre el uso de los recursos públicos y del conocimiento científico. La prevención del suicidio no debería convertirse en un espacio de lucro, apropiación exclusiva de recursos o búsqueda de beneficios particulares a partir del sufrimiento humano. La investigación, la formación y las intervenciones deben regirse por principios de transparencia, integridad científica, responsabilidad social y rendición de cuentas para prevenir conflictos de interés, y transparentar los criterios de financiamiento .

La rendición de cuentas debe abarcar todo el proceso de investigación: desde la definición de prioridades y la selección de proyectos hasta la utilización de recursos, la publicación de resultados y su contribución a las políticas públicas. No basta con conocer cuántos proyectos fueron financiados o cuántas actividades se realizaron. Es necesario saber qué conocimientos produjeron, qué problemas permitieron comprender, qué intervenciones se evaluaron y cuáles fueron sus resultados. Esta información es indispensable para justificar nuevas inversiones, y fortalecer la investigación.

México necesita ampliar y consolidar la investigación sobre el comportamiento suicida. Esto implica desarrollar estudios bibliométricos actualizados, fortalecer las investigaciones sobre factores protectores y determinantes sociales, financiar proyectos interdisciplinarios y comunitarios, impulsar evaluaciones rigurosas y promover redes de colaboración que integren instituciones y territorios diversos.

La investigación científica sobre el comportamiento suicida constituye un fundamento indispensable para la formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención del suicidio en México. Su fortalecimiento requiere financiamiento suficiente y sostenido, pluralidad de perspectivas, colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria y participación efectiva de los actores sociales, sin hegemonías institucionales ni intereses particulares que condicionen las prioridades científicas. El conocimiento producido debe contribuir traducirse en intervenciones sustentadas en evidencia, culturalmente pertinentes, evaluables y sostenibles. Investigar el suicidio no es solamente una actividad académica: es una responsabilidad científica, ética y justicia social cuyo propósito fundamental debe ser comprender el sufrimiento humano, prevenir el comportamiento suicida y proteger la vida.

* La autora es socióloga, doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), y maestra en Administración Pública por la École nationale d’administrationpublique (ENAP), Canadá. Su trabajo se ha desarrollado en los campos de la salud pública, salud mental, prevención del suicidio,. Ha realizado investigación y participado en proyectos académicos en México y Canadá, con especial interés en los determinantes sociales de la salud y el bienestar de las poblaciones.