Hacienda, el pasado y la frágil estabilidad económica

A la actual Secretaría de Hacienda le ha tocado apagar los fuegos financieros heredados del desastroso sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con un margen de maniobra sofocado por el déficit fiscal y la deuda acumulada, ni siquiera han tenido el espacio suficiente para aterrizar la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para desarrollar infraestructura que verdaderamente impulse el crecimiento.

Es verdad: sin el dispendio asistencialista y la narrativa populista del sexenio pasado habría sido difícil conservar la hegemonía política actual, pero el costo de oportunidad ha sido inmenso.

El reciente cruce entre el exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y el actual titular de esa dependencia, Édgar Amador, retrata a la perfección el estado del debate económico actual.

Mientras Ortiz cuestiona la fragilidad de un modelo volcado al consumo sin soporte en la inversión productiva, la seguridad o la salud, la respuesta de Hacienda es evadir la discusión y atrincherarse en la retórica del pasado, recurriendo a traer a la mesa la crisis de 1995, el Fobaproa y, de paso, a amenazar con quitarle la pensión al exgobernador del Banco de México.

A Guillermo Ortiz lo van a escuchar en los mercados, sobre todo quienes toman decisiones, mientras que la respuesta colérica y con “otros datos” de la Cuarta Transformación lo que logra son oídos más sordos en los círculos económicos y financieros, así como la imposibilidad de que éstos acepten que, efectivamente, el aumento al salario mínimo y la transferencia directa de recursos han logrado reducir la pobreza monetaria. Todo esto sin dejar de lado el centro del debate: el problema no es el destino de esos recursos, sino la fragilidad de su origen.

México sería otro si, de entrada, esas visiones encontradas pudieran coincidir en una mesa de debate de mayor altura. El bienestar social y la justicia redistributiva –limitados en gobiernos anteriores– no son enemigos de la responsabilidad fiscal ni de la certidumbre a la inversión privada –que son carencias evidentes del régimen actual–; al contrario, tienen que ir de la mano.

Los programas de apoyo y la recuperación salarial solo pueden ser sostenibles si la economía crece, si existe infraestructura energética y logística productiva (no los caprichos lopezobradoristas) para captar inversiones en un marco legal predecible, y si las finanzas públicas no quedan ahogadas en el pago de los intereses de la deuda.

México no necesita que la Secretaría de Hacienda discuta las decisiones del siglo pasado, pero tampoco la descalificación automática de la oposición a los avances en el ingreso de los sectores más vulnerables. Lo que urge es el diseño de una política económica que pueda combinar lo mejor de ambas aproximaciones: la sensibilidad social y la disciplina técnica para garantizar que el país tenga con qué pagar las cuentas en el mediano plazo.

Tampoco hace falta que los funcionarios del régimen actual les den la razón a los analistas de la talla de Guillermo Ortiz; no es el sello de la casa reconocer los errores y menos aceptarlos ante su clientela política.

Pero poner al actual titular de las finanzas públicas –que en la práctica aplica las más neoliberales prácticas de corrección fiscal– a dar justificaciones huecas y dogmáticas no es una buena forma de mandar las señales de sensatez que tanto esperan en los mercados.

Los programas de apoyo y la recuperación salarial solo pueden ser sostenibles si la economía crece, si existe infraestructura energética y logística productiva para captar inversiones en un marco legal predecible.