Gobernar por excepción: lecciones para México desde la esfera global

En el contexto político actual, conceptos históricos como "gobernar por excepción", "realpolitik" y el "Estado teológico" adquieren una relevancia particular. Estos principios no solo marcan las tendencias globales, sino que también ofrecen lecciones clave para nuestro país, cuya estabilidad económica, institucional y democrática está fuertemente influenciada por las dinámicas internacionales. Un ejemplo claro de la tentación de gobernar por excepción se observó desde el 20 de enero pasado, cuando la administración de Donald Trump asumió el poder mediante la firma de veinte órdenes ejecutivas, varias de las cuales tuvieron un impacto directo en México. Nos encontramos ante un estilo de gobierno que se caracteriza por operar en un estado de crisis permanente.

El concepto de "Estado de excepción" hace referencia a un marco legal en el que el Ejecutivo asume poderes extraordinarios para enfrentar una crisis. El peligro radica en cuando esta modalidad se convierte en una práctica habitual. Para ello, el gobernante suele debilitar la división de poderes y socavar las instituciones democráticas, como lo evidencian las constantes declaraciones de figuras prominentes del entorno Trump, como Elon Musk, quien cuestiona repetidamente la independencia judicial en Estados Unidos.

Paralelamente, la resurrección de conceptos como la realpolitik y el “Estado teológico” también plantean desafíos importantes, pues dichos enfoques priorizan el poder del más fuerte, el interés nacional y la religión como instrumentos políticos. Aunque Estados Unidos mantiene una separación formal entre Iglesia y Estado, la influencia de grupos religiosos en la política durante la era Trump se está intensificando para movilizar agendas particulares en los marcos jurídicos y en la política pública. Este fenómeno no es exclusivo de EE.UU., países como Hungría y Polonia también reflejan una convergencia entre religión y política que diluye los contornos que moldean a las democracias liberales como las conocemos en Occidente.

Por su parte, la política exterior actual de los Estados Unidos, al presionar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y al cuestionar las alianzas tradicionales entre los países de Occidente, evoca una visión del mundo donde las democracias van quedando gradualmente aisladas y las autocracias van afianzando poder. Esta estrategia, que busca redibujar las reglas del orden global, plantea la pregunta de si un mundo gobernado únicamente por el poder del más fuerte, y no por principios compartidos y derechos humanos puede sostenerse en el largo plazo, y más aún, si puede lograr algo positivo para l a humanidad.

Según el teórico alemán Carl Schmitt, el soberano es aquél que puede decidir sobre el estado de excepción, es decir, suspender temporalmente el orden legal en aras de proteger el Estado. Si bien esta idea surgió en un contexto histórico particular del siglo XX, su aplicación contemporánea en la política estadounidense, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), podría tener serias implicaciones para el orden mundial y para los países específicos. Veamos el caso de México.

Como se mencionó anteriormente, los decretos recientemente firmados por el presidente Donald Trump para imponer aranceles a las importaciones mexicanas y para designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas se fundamentaron jurídicamente en la IEEPA. Para México, cuya economía y diplomacia dependen de un entorno internacional estable, esto significa una situación de gravedad dada la dependencia de nuestra economía del comercio exterior, que con cifras a 2023 ronda el 73.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

La IEEPA, promulgada en 1977, otorga al presidente de EE.UU. amplios poderes para imponer sanciones económicas, restringir el comercio y confiscar activos en respuesta a amenazas inusuales y extraordinarias a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. La clave radica en la declaración de emergencia nacional, que permite al Ejecutivo de ese país actuar extraterritorialmente de manera unilateral y discrecional con supervisión legislativa limitada. Esta ley ha sido utilizada en más de 60 ocasiones desde su creación; destacan en la historia aquellas decisiones tomadas por el mismo Donald Trump o el ex presidente Obama cuando fuerzas de seguridad americanas bombardearon en Siria centros de operación de la organización terrorista ISIS, o la ejecución del operativo que cazó al terrorista Osama Bin Laden en Pakistán, presunto autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, por ejemplo, la IEEPA habilita al gobierno de los Estados Unidos para sancionar a individuos, empresas y demás entidades mexicanas asociadas con criterios discrecionales muy lejanos de los procesos democráticos y deliberativos. El gran riesgo es que tal declaración de emergencia nacional, que justifica tal nivel de intervención, podría desestabilizar sectores clave en industrias estratégicas como el sector financiero, el automotriz y la agroindustria que dependen de complejos encadenamientos de proveedores.

Por ejemplo, según las leyes de los Estados Unidos, proporcionar “apoyo sustancial” a organizaciones terroristas designadas oficialmente es un delito. Dicho apoyo puede comprender transferencias de fondos, pagos y conversiones de divisas. Así, si una institución financiera mexicana realizara operaciones para una empresa vinculada a un cartel designado —por mínima que sea— podría incurrir en violaciones de la ley penal estadounidense, independientemente de las leyes mexicanas y ser sujeto de juicio en Estados Unidos, como lo explica el despacho Ritch Mueller.

Así, las instituciones y personas físicas mexicanas también podrían ser objeto de demandas civiles bajo la ley americana contra el terrorismo si se demuestra que su apoyo sustancial facilitó actos terroristas cometidos por dichos carteles, por ejemplo, rentar un inmueble. Adicionalmente, las consecuencias incluyen daños reputacionales, la suspensión de relaciones con bancos estadounidenses y un mayor escrutinio por parte de las autoridades regulatorias que cuentan con herramientas sofisticadas para investigar delitos relacionados con el terrorismo.

Por lo anterior, entre muchos riesgos más, es posible anticipar para México que el crecimiento de la incertidumbre podría desalentar aún más las nuevas inversiones, cruciales para lograr crecimiento económico. Con justa razón y pensamiento estratégico, la presidenta Sheinbaum ha respondido a las órdenes ejecutivas de manera diplomática y con resultados en materia de seguridad, control migratorio para demostrar al presidente Trump el compromiso de nuestro país con sus preocupaciones con el fin de solventarlas y que se desactiven los aranceles que dañarían severamente a nuestro país. Según el prestigiado Brookings Institute, en un escenario de aranceles generales, el PIB de México podría contraerse 1.14% mínimo para el 2025, y se perderían por lo menos 1.4 millones de empleos. El golpe sería muy severo para nuestra economía. Por ello, hay que solventar, resolver, y/o neutralizar cuanto antes las causales que detonaron las órdenes ejecutivas de Trump.

La lógica subyacente a las políticas de Trump empatan con la teoría de Schmitt sobre la distinción entre amigos y enemigos. El estilo de gobierno de Trump refleja esta visión: las críticas se convierten en ataques personales y las diferencias políticas se perciben como traiciones. Por eso, en estos momentos, el gobierno de México camina por terrenos resbaladizos, y una falla estratégica en términos diplomáticos nos llevaría al antagonismo del cual quizá sería muy complicado salir. En este complejo contexto global, México, sin embargo, tiene la oportunidad de aprender de las dinámicas internacionales actuales.

La primera lección es que la estrategia de México debe centrarse en mitigar los riesgos asociados con un socio comercial cada vez más propenso al uso del Estado de excepción. Esto implica, claro, ejecutar una estrategia de seguridad altamente efectiva para neutralizar el poder y la influencia de los cárteles mediante un combate directo y exitoso a dichos grupos. Además, es urgente diversificar nuestras relaciones comerciales, aprovechando los 14 tratados que hemos firmado con más de 52 países. También es fundamental fortalecer el sector energético para garantizar un suministro confiable, continuo y asequible que atraiga inversiones con la idea de que los aranceles deben desaparecer. Finalmente, respaldar a nuestro cuerpo diplomático con recursos que le apoyen a consolidar estrategias de respuesta rápida y precisa para aprender a anticipar y reaccionar ante posibles acciones unilaterales de Estados Unidos.

Además, en un contexto donde las democracias se ven amenazadas por liderazgos autoritarios, la separación de poderes y un reajuste a la reforma judicial para recuperar la independencia y capacidad de los juzgadores podrían ser pilares de una mejor defensa contra el abuso de autoridad. Asimismo, es esencial rechazar de una vez por todas la lógica del "amigo-enemigo" y fomentar un verdadero ambiente de unidad, diálogo y consenso, donde las diferencias se aborden desde el respeto y no desde la confrontación. Esto se puede lograr modificando ciertas claves de la comunicación política actual.

En conclusión, el resurgimiento de la realpolitik, la tentación de un estado teológico y la lógica de la polarización extrema en la persona de Donald Trump representan señales de alerta para México. Pero, en realidad, las soluciones dependen de nosotros: atemperar el ánimo social con menos polarización, fortalecer nuestras instituciones democráticas y nuestro mercado interno pueden lograr que el país encuentre nuevas oportunidades en estos tiempos turbulentos.