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La elección de los data centers

Jorge A. Castañeda | Columna invitada
El martes, el Partido Demócrata obtuvo una de las victorias más contundentes de la historia reciente. Arrasó en las elecciones intermedias en Estados Unidos: ganó la Cámara de Representantes, obtuvo 54 escaños en el Senado y conquistó cuatro gubernaturas impensables, entre ellas las de Ohio y Texas. Se escribirá mucho sobre la derrota de Trump y el tsunami azul. Pero vale la pena observar otro fenómeno, más local, que sucedió ese mismo día: el rechazo generalizado al desarrollo de centros de datos (DC).
Hubo 46 votaciones locales en 10 estados sobre diversos proyectos de DC; 21 en Ohio. En 18 se votó prohibir nuevos centros en el municipio y todas las prohibiciones ganaron, con entre 60 y 83% de los votos. En otras ocho se votó una moratoria; las seis con resultados reportados pasaron. Las 13 restantes buscaban autorizar un proyecto específico o consultar a los vecinos sobre su instalación, y todas fueron rechazadas: en ninguna el «sí» superó el 30 por ciento.
Los DC también marcaron las campañas por las gubernaturas. Lo que empezó como una reivindicación demócrata terminó convirtiéndose en un tema en el que ambos partidos parecían competir por mostrar quién se oponía más a estos proyectos.
En Texas, que concentra más del 25% de la capacidad planeada, la futura gobernadora Hinojosa hizo de los DC el eje de su campaña. Propuso una moratoria a nuevos proyectos hasta establecer reglas sobre agua y electricidad, eliminar exenciones fiscales y dejar que cada comunidad decida si los acepta. Abbott, quien en 2025 presumía que Texas sería el epicentro de la IA, acabó proponiendo algo similar: en junio pidió que los DC pagaran toda su infraestructura eléctrica y perdieran la exención; en agosto pausó la conexión de unos 300 proyectos hasta que ERCOT auditara su consumo de agua y energía. Las solicitudes suman 474 GW, cinco veces la demanda máxima del estado; el 90% corresponde a DC.
En Ohio pasó lo mismo. Amy Acton, gobernadora electa, propuso desde julio una moratoria condicionada a que los DC paguen todos sus impuestos, generen su propia energía y firmen acuerdos con las comunidades. Vivek Ramaswamy, quien al inicio se declaró “totalmente a favor” del boom, terminó oponiéndose a las exenciones al predial y exigiendo que los DC cubrieran el costo de la electricidad de sus vecinos.
El tema cobró tanta importancia por varias razones. Primero, por su relación directa con el costo de vida, la principal preocupación de los electores. Los precios residenciales de electricidad en EU han aumentado más del 10% desde 2024 y, en Ohio, más del 20% en dos años. Además, se cuestiona quién debe pagar la infraestructura y los incentivos fiscales. Y quizá también porque los DC son la cara más visible de una IA que despierta ansiedad y temor ante el futuro del mundo laboral.
Probablemente, ahora que están en el poder y frente a la realidad de gobernar, ambas gobernadoras adoptarán posturas más moderadas. Después de todo, los DC y la inversión en IA son motores del crecimiento de la economía estadounidense: generan decenas de miles de empleos e importantes ingresos fiscales. Los matices son, por tanto, más que razonables. Acton se opone a ellos en comunidades rurales y tierras agrícolas, y propone reconvertir viejas plantas industriales abandonadas. Hinojosa, por su parte, quiere que generen empleo para los texanos, que no encarezcan la energía y que den voz a las comunidades.
La manera en que se resuelvan estas disputas definirá, en gran medida, el futuro de la carrera de la IA durante los próximos años.

