Diálogo con los mercados, factura al consumidor

El Paquete Económico para el 2027 no sobreestima sus metas de crecimiento, ni tampoco promete una corrección fiscal más acelerada como la que quisieran ver las firmas calificadoras. Sin embargo, eso que puede ser visto como un cinismo que desconcierta, es en realidad un regreso al diálogo de la autoridad hacendaria mexicana con los agentes económicos.

Siguen ahí, sin duda, las metas y los objetivos difíciles de alcanzar, pero la primera reacción de los mercados fue dar el beneficio de la duda al Gobierno Federal de poder evitar una degradación crediticia al menos durante el siguiente ejercicio fiscal.

Donde no se puede evitar el imperio de los otros datos es en la relación del gobierno con la clientela electoral, porque aquella promesa de “no a nuevos impuestos y no a incrementos en los precios de los combustibles” disfraza muchos aumentos cotidianos de productos y servicios públicos, y omite una consideración básica: contener artificialmente los precios de las gasolinas en un entorno de alta presión sobre el gasto público implica que los ciudadanos paguen por otras vías.

El mecanismo estrella para cumplir con la promesa populista de “no a los gasolinazos” es el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En momentos como el actual, cuando los precios del petróleo están de vuelta por arriba de los 100 dólares por barril, y eso presiona los precios de los combustibles, Hacienda reduce la cuota de ese impuesto para amortiguar el impacto al consumidor.

Eso no es un incremento en la eficiencia del Estado; es una renuncia recaudatoria directa. Cada peso no cobrado de IEPS se convierte en un gasto fiscal implícito de miles de millones de pesos que deja de ingresar a la Tesorería de la Federación.

Es un subsidio regresivo y antiecológico que solo busca respaldar una de las tantas frases populistas de campaña de López Obrador, y que reduce las posibilidades de inversión en infraestructura médica, educativa o en el mantenimiento de las tan destruidas carreteras mexicanas.

Y a esa sangría fiscal se suma la presión a la cadena privada de hidrocarburos, la cual “voluntariamente” firma los pactos de subsidio a las gasolinas. Esto termina por desincentivar más las inversiones energéticas en México, las cuales están sujetas a estos caprichos políticos.

La comprobación de que se cuida la retórica populista y no tanto el bolsillo ciudadano está en los propios datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, los cuales muestran que el subíndice de Tarifas Autorizadas por el Gobierno avanza a un ritmo que casi duplica la inflación general.

Sí, el Estado renuncia a recaudar en la gasolina por su alta volatilidad electoral, pero traslada la presión fiscal a los trámites, derechos, cuotas monopólicas y al peaje de esas autopistas a las que no les dan el mantenimiento adecuado.

Los mercados internacionales llegaron al límite de su paciencia y empezaban a reflejar en las operaciones de los bonos de deuda mexicanos su desencanto con las promesas incumplidas de corrección fiscal; hoy el régimen les habla con la verdad.

Pero los contribuyentes enfrentan otra historia: una factura diferida con precios subsidiados, pero con servicios deficientes, menor inversión pública y tarifas estatales con incrementos constantes.

Los contribuyentes enfrentan otra historia: una factura diferida con precios subsidiados, pero con servicios deficientes, menor inversión pública y tarifas estatales con incrementos constantes.