Los desaparecidos no desaparecen

Las personas desaparecidas no desaparecen. Son desaparecidas. No son “ausentes” ni “no localizadas”, son hombres, mujeres, niños y niñas que han sido desaparecidos; a menudo ni siquiera han sido buscados/as por el Estado. Las buscan sus familias. Las buscan sus madres, con picos y palas, con el apoyo de colectivas y, a veces, de autoridades que han sido presionadas por la opinión pública para, simplemente, cumplir con su obligación.

Las personas desaparecidas no desaparecen con el manejo burocrático de sus datos. No aparecen cuando se les clasifica como “ausentes” – no se fueron por voluntad propia. No aparecen cuando “alguien” usa su CURP o su celular o algún otro “dato oficial”. Aparecen cuando son encontradas vivas, a veces,  o muertas, con frecuencia, por desgracia.

Ninguna  artimaña burocrática (del “gobierno de nadie”, que nunca rinde cuentas), ninguna “contaduría macabra” (Maite Azuela) llena los huecos que han dejado en su familia y en su comunidad. Siguen desaparecidas. La propia jerga burocrática indica que no se les ha encontrado porque no se les ha buscado: hay expedientes con “datos insuficientes para iniciar la investigación”.  ¿Acaso las fiscalías especializadas no deberían indagar y completar esos datos?

Las personas desaparecidas no desaparecen con palabras solemnes. No desaparecen con rotundos rechazos de informes internacionales ni con recurrentes expresiones de tibia lamentación.   La desaparición no es un “lamentable hecho”. La desaparición masiva indigna, duele, hiere, mutila, mata.  Acusar de “tendencioso y sesgado” el informe del Comité Especial sobre Desapariciones de Naciones Unidas y rechazarlo por supuestos datos incompletos es una muestra más de la negligencia e insensiblidad del Estado mexicano y sus altas autoridades ante un fenómeno macrocriminal que afecta tanto a las familias de los 132,534 desaparecidos (aunque algunos ya hayan sido encontrados) como a la sociedad entera.

Como ante el feminicidio, las autoridades creen que a base de demagogia, promesas y negaciones pueden reducir el problema a hechos aislados, casi accidentales, o hacernos olvidar  la carga de su responsabilidad. Olvidan que también en ese caso los organismos internacionales contribuyeron a investigar un problema que la propia sociedad, las propias familias, habían hecho visible y por el que siguen y seguirán reclamando mientras el feminicidio y la desaparición sigan dañándonos. 

Las personas desaparecidas no desaparecen del censo, del mapa, de la conciencia nacional por la reivindicación oficial de las “medidas que ha tomado el gobierno”. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todos nosotros/as, de proteger la vida y la seguridad de quienes habitamos este país. Negar la magnitud de las desapariciones, negar que muchas de las desapariciones son sistemáticas y suceden en muchos estados no borra las 4,500 fosas clandestinas ni los miles de cuerpos y restos encontrados ni los 72,000 restos humanos no identificados. Nos demuestra, en cambio, que seguimos con gobiernos insensibles que prefieren negar la realidad en vez de enfrentar el problema. ¿Por qué no reconocer que el informe del Comité de Naciones Unidas ofrece una oportunidad para “facilitar la cooperación internacional” y recibir apoyo para prevenir e investigar las desapariciones – forzadas o no- , para castigar a los culpables y, sobre todo, para encontrar a quienes han sido desaparecidos/as?   ¿Por qué  descalificar a los organismos internacionales cuando más los necesita el mundo?  ¿Por qué pretender así desacreditar también a quienes han acudido a ellas para presentar solicitudes de medidas urgentes por desaparición forzada? 

 Supongamos que “sólo” se han dado (documentado) los casos de 1436 víctimas de desaparición forzada en su definición estricta (El Economista, 6 de abril), ¿y la tolerancia y colusión de funcionarios ante las desapariciones a manos del crimen organizado? Reconocer la magnitud del problema – expuesto con terrible contundencia por los hallazgos de Teuchitlán- contribuiría a empezar a resolverlo. Dialogar con las familias, con especialistas y con Naciones Unidas es indispensable para mostrar un mínimo sentido ético, para responder al reclamo social, para hacer justicia.