En desabasto de medicamentos, sigue la herida abierta

El desabasto de medicamentos en el sector público de salud en México sigue siendo una herida abierta. El revés que significó la cancelación abrupta de la compra consolidada a cuatro meses de iniciado el 2025, fue un balde de agua helada sobretodo para el personal de hospitales públicos que tenían la promesa de una pronta solución al desabasto; llevan años dando la cara ante los pacientes que viven en carne propia la carencia de insumos desde hace más de 6 años.

La licitación cancelada en abril se frenó por supuestos errores que derivaron en sobreprecios en 165 tipos de medicamentos. Pero esa compra involucraba 4,934 millones de unidades para 26 instituciones. ¿Por qué cancelarla toda? ¿Por qué no centrarse en arreglar exclusivamente la proporción donde hubo equivocaciones en esas 165 claves bien identificadas? El argumento fue que dichos errores acumularon un sobrecosto de 13,000 millones de pesos, lo cual ya convirtió el asunto en un caso voluminoso de corrupción.

Aquí la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tendrá que presentar pruebas contundentes que disipen las sospechas de una decisión más política que técnica. Y no sólo limitarse a despedir al titular de Birmex y sus allegados -Iván Olmos quien era de toda la confianza de la presidenta Sheinbaum, como ahora se dice del nuevo titular, Carlos Ulloa.

El gobierno ha delineado tres ejes para enfrentar la crisis inmediata.

1- una nueva licitación internacional con reglas claras y supervisión estricta, que se espera lanzar pronto. 2- una plataforma digital pública, presentada por el subsecretario Eduardo Clark, permitirá rastrear el proceso de compra en tiempo real, un avance hacia la transparencia que busca recuperar la confianza de los proveedores. 3- una colaboración más estrecha con el sector privado para agilizar producción y distribución, reconociendo que el Estado no puede solo. Es un aspecto positivo que el gobierno trabaje con la industria farmacéutica, un cambio respecto a la confrontación del sexenio pasado. Sin embargo, la deuda heredada del eliminado INSABI ($12,000 millones) es una piedra en el zapato que ata de manos a los productores y limitan su capacidad de respuesta.

La realidad es que la credibilidad está trastocada pues tras seis intentos fallidos desde 2019 para estabilizar el abasto que ellos mismos descompusieron, no es muy claro ahora cómo planea el gobierno resolver esta crisis.

El historial no es alentador. Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló en 2019 el modelo de compra consolidada liderado por el IMSS –que, con sus defectos, generó ahorros históricos y mantuvo en buen nivel el abasto entre 2014 y 2019–, el sistema de adquisiciones ha sido un caos. No funcionó el intento de megaconsolidada que encabezó la entonces oficial mayor Buenrostro, luego la alianza con UNOPS en 2020 que no supimos cuánto finalmente nos costó; menos el fracasado Insabi, y el experimento de Birmex con los operadores logísticos; lo último fue la megafarmacia del Bienestar, inaugurada en 2023 en Huehuetoca, un error que nos costó 3,500 millones de pesos. Y pues la anulación de la licitación de Clark –que había logrado la participación récord de 400 empresas– se suma a la lista de errores, y tras una débil esperanza encendida, volvió a encender las alarmas.

Un día después de la cancelación, la presidenta Sheinbaum anunció un plan ambicioso: el gobierno no solo comprará medicamentos, sino que busca convertirse en productor de medicamentos y vacunas. La intención suena prometedora, pero con tales antecedentes despierta escepticismo. Producir medicamentos y vacunas requiere inversiones cuantiosas, infraestructura especializada y expertise que no está del lado público, por ende se esperaría colaboración público-privada. Del presupuesto público ni pensarlo en el marco de austeridad extrema en que han tenido al sistema público de salud. Sin una planeación sólida, este nuevo objetivo podría sumarse a la lista de iniciativas truncas. El fallido desarrollo de ventiladores durante la pandemia y la vacuna Patria –que aún no ve la luz– son otros recordatorios que nos dificultan creer en las promesas de la 4T.

El éxito de los nuevos planes dependerá de superar las fallas estructurales que han frustrado los esfuerzos previos: planeación deficiente, centralización excesiva y sostenerse demasiado del financiamiento de la industria que, siempre ha existido, pero antes era más formal a través de contratos con las distribuidoras y ahora es informal y no explícito.

El gobierno debe asumir su responsabilidad y priorizar la eficiencia sobre los discursos. La sociedad exige claridad: ¿fue la cancelación un acto valiente contra la corrupción o una decisión precipitada que agrava la crisis?

Reformas a las Normas del Compendio Nacional de Insumos

Los recientes cambios a las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Interinstitucional del Compendio Nacional de Insumos para la Salud combinan cambios sustantivos y de forma; buscan actualizar la gestión de insumos médicos, aunque generan preocupación por posibles discrecionalidades. De acuerdo con el análisis del Dr César Cruz, quien conoce muy bien el tema desde su posición pasada en el Consejo de Salubridad, el cambio más relevante es el aumento de votantes de 8 a 13 en dicha comisión, incorporando a la Secretaría de Salud con cinco representantes (dos de Institutos Nacionales de Salud, Cofepris, Dirección de Modernización y Unidad de Análisis Económico), además de UNAM e IPN. Esto rompe el principio de equidad, ya que instituciones como IMSS e ISSSTE, que atienden a la mayoría de los pacientes, quedan en minoría frente a entidades sin contexto asistencial. Se crea un Grupo Técnico para la Exclusión de Insumos, pero sin reglas claras, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias. El plazo para evaluar insumos se extiende de 60 a 80 días hábiles, y se permiten actualizaciones discrecionales por cuestiones ortográficas o de codificación. Otros cambios incluyen la autorización a distribuidores para solicitar actualizaciones, la exigencia de comparar insumos con guías clínicas y la eliminación del concepto de transparencia, lo que reduce la obligación de informar fechas de dictámenes.