Los datos faltantes: frenar el despojo desde la modernización de los registros inmobiliarios

El despojo es uno de los delitos patrimoniales que más afecta la tranquilidad y la dignidad de las personas. Les quita no solo un bien, sino el espacio donde han invertido ahorros, decidido pasar su vejez o, tal vez, heredar a sus hijos o nietos. Más allá de tener procesos judiciales expeditos, para frenar este fenómeno es importante atender las causas estructurales que crean condiciones propicias para que suceda.

En las últimas décadas, la Ciudad de México ha vivido una expansión irregular que ha derivado en dos fenómenos concurrentes: por un lado, ha crecido hacia la periferia con asentamientos irregulares que, aun décadas después de su surgimiento, no terminan por integrarse a los registros oficiales. Por ejemplo, en Iztapalapa, en la alcaldía más poblada de la capital, hay 504,000 viviendas según el censo del INEGI, mientras que el catastro solo reporta 339,000 unidades de tipo habitacional o habitacional-comercial, es decir, al menos 30% de las viviendas ocupadas no estarían contempladas en el catastro de forma individual.

En contraste, en la alcaldía Benito Juárez, el catastro tiene 238,000 unidades habitacionales, pero el mismo censo solamente reporta 176,000 viviendas particulares habitadas, es decir, una cuarta parte de las unidades no estarían ocupadas como casa-habitación.

En la capital del país, las zonas centrales se han vaciado, dejando espacio para inmuebles habitacionales sin ocupar, algunos de los cuales podrían ser atractivos para la invasión. Desde 2016, datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, difundidos públicamente, muestran una mayor recurrencia en zonas como Centro Histórico, Agrícola Oriental, Narvarte, Roma Norte, Doctores, San Andrés Totoltepec, Del Valle Centro, Santa María la Ribera, Obrera y Pedregal de Santo Domingo.

Aquí, los cambios en las dinámicas de población no han sido acompañados por una política de regularización de propiedades que permita contar con registros de propiedad certeros y actualizados.

Frente a ello, es indispensable avanzar hacia un Registro Público de la Propiedad y del Comercio completamente digitalizado para conocer con certeza y en tiempo real la situación registral de cada inmueble.

No tener los expedientes actualizados, digitalizados, así como un insuficiente empleo de herramientas tecnológicas para el seguimiento de expedientes inmobiliarios, podría estar abriendo la puerta a ilícitos patrimoniales, entre los cuales destaca el despojo.

Con referencia a este, las cifras no son menores: en los últimos años se reportan diez denuncias al día. En 2025 se tiene cuenta de 3,797 carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México. La tendencia tampoco parece revertirse. Hasta julio de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estaban abiertas más de 1,900 carpetas de investigación por despojo.

En respuesta, las autoridades han anunciado planes para atender a los afectados, apoyar con fuerzas policiales y brindar asesoría jurídica.

Sin embargo, el despojo es solo uno de los problemas que aquejan a los propietarios de inmuebles; los problemas sucesorios, las disputas familiares y vecinales o las invasiones son diferentes caras de un mismo problema: una ciudad donde hay una falta constante de registros actualizados.

Coincido en que atender el delito de despojo pasa por apoyar a las víctimas cuando se enfrentan al ilícito, pero debe ir más allá: es necesario lograr el fortalecimiento institucional y contar con expedientes sistematizados y en tiempo real que involucren procesos como la digitalización y actualización, así como la coordinación entre catastro, el Registro Público de la Propiedad, notarías y autoridades judiciales. Hacer una intervención integral será la única forma de frenar los delitos patrimoniales.