La Cultura de la Paz, Banderazo de Salida

“Nunca se miente tanto como antes de unas elecciones.” Otto von Bismarck

Los actos anticipados de campaña han proliferado desde hace meses, principalmente de aspirantes del partido gobernante. El INE ha optado por la inacción a pesar del evidente carácter proselitista y de violaciones a la Ley. No aplicó sanción alguna. Conforme a la legislación, el proceso electoral 2026-2027 debía iniciar el 10 de septiembre -no antes- para elegir 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y más de 19 mil cargos locales.

Por su parte, la gira de la Presidenta, denominada “Honestidad y Resultados”, es una colección de actos de campaña en favor de su partido, financiados con recursos públicos a los que acarrean personas que son obligadas a asistir, burócratas locales incluidos.

La participación electoral debe ser una preocupación fundamental de todo régimen democrático. Sin embargo, el INE, lejos de propiciar y garantizar procesos electorales confiables y transparentes, tras su colonización oficialista, se ha transformado en un árbitro opaco y omiso que “parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”; ha abierto la puerta a la intervención del Ejecutivo, demostrada con la presencia de la titular de Gobernación en el banderazo de salida; tolera y propicia una competencia inequitativa a favor del partido del gobierno; flexibiliza filtros para observadores electorales y valida boletas “planchadas”, de tal suerte que siembra incertidumbre sobre la autenticidad de los comicios y del voto. Arranca el proceso con tropiezos, cambia su color institucional, solicita un presupuesto cercano a los 50 mil millones y genera dudas y preocupación incluso entre sus propios consejeros.

A ello se suma la probable intervención de organizaciones narcoterroristas, para financiar y manipular el proceso en favor de candidatos oficialistas.

Es lamentable constatar que el movimiento modernizador iniciado hace medio siglo -que instauró el pluralismo político para superar las mayorías absolutas y dar lugar a una democracia plural- haya sido desmantelado desde Palacio Nacional. Dicho movimiento fomentaba el respeto a la diversidad de opiniones y garantizaba la libre expresión. Hoy se impulsan medidas para restringir y reducir derechos ciudadanos, así como para castigar la opinión, además de incorporar a la Constitución obstáculos a la oposición basados en una supuesta defensa de la soberanía nacional.

Desde hace ocho años se canceló el diálogo constructivo y se sustituyó por discursos de odio que promueven polarización, desinformación y falacias para mentir. Se debilita el Estado de derecho, se disipa la seguridad jurídica, se encubre la corrupción y se gobierna con resentimiento, revanchismo e ignorancia.

El oficialismo aspira a concentrar todo el poder, incluso a costa de destruir la economía, la seguridad, el tejido social y la cultura de la paz.

La apatía ciudadana agrava el panorama, el abstencionismo es una importante expresión que refleja esa indiferencia. El segmento más amplio de abstencionistas corresponde a jóvenes de entre 25 y 40 años. En las últimas dos décadas el abstencionismo ha oscilado entre el 60% y 35% del padrón electoral. En 2025, en la elección de los llamados “jueces del acordeón”, el abstencionismo se acercó al 90% seguramente como rechazo a la reforma judicial que fue posible por la espuria mayoría calificada que el INE y el TRIFE otorgaron al oficialismo en el Legislativo para modificar la Constitución.

El resultado es claro: naufraga la cultura de la paz y la vida en armonía; reprobamos en educación, salud y seguridad; se vislumbra una gran crisis económica como las que, de manera recurrente, nos golpearon y que tanto nos costaron a todos, debido principalmente al daño causado por la Mandataria y su antecesor a las finanzas públicas traducidas en un muy raquítico crecimiento económico y un exorbitante endeudamiento público.

Ante ello, debemos recordar que este país pertenece a nuestros hijos y nietos. La lealtad a la Nación debe imponerse sobre cualquier otra, orientándonos a la restauración nacional en todos los ámbitos, al rescate de la soberanía y a la creación de condiciones mínimas que se traduzcan en bienestar personal, familiar, comunitario y nacional.