La autonomía de los bancos centrales: entre la estabilidad y la tentación política

En medio de un entorno global marcado por tensiones económicas, presiones políticas y desafíos estructurales, resulta imprescindible reflexionar sobre el papel de los bancos centrales como garantes de la estabilidad financiera. México y Estados Unidos representan hoy dos modelos contrastantes: mientras el Banco de México celebra su centenario como símbolo de institucionalidad, la Reserva Federal enfrenta una embestida política que pone en riesgo su independencia.

El Banco de México cumple 100 años y desde que se fundó, en 1925, ha sido testigo de crisis profundas: la Gran Depresión, la inflación desbordada de los años setenta y ochenta, el colapso cambiario de 1994, y más recientemente, la pandemia. Pero hay un antes y un después en su historia: la autonomía otorgada el 1 de abril de 1994.

Desde entonces, la autoridad monetaria ha sido pieza fundamental en la evolución del sistema financiero mexicano; desde la emisión de billetes y control de la oferta monetaria, hasta la conducción de la política monetaria, ganando credibilidad y capacidad para resistir presiones externas, además de proporcionar estabilidad a la economía nacional.

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el Ejecutivo podía solicitar recursos al banco central o instruir la creación de grandes cantidades de dinero sin respaldo, lo que provocó largos periodos de devaluaciones e hiperinflación.

Hoy, gracias a su independencia y un mandato claro, la inflación se mantiene bajo control, el mercado de divisas opera bajo un régimen de libre flotación, se gestionan altos niveles de reservas internacionales, que demuestran la fortaleza económica del país para hacer frente a crisis financieras y shocks externos, e inspira confianza en los mercados.

No es poca cosa.

Y mientras México festeja su evolución y resalta su institucionalidad, en Estados Unidos se vive una situación preocupante. El presidente Donald Trump ha intensificado sus críticas contra la Reserva Federal (Fed), intentando destituir a la gobernadora Lisa Cook y presionando al presidente Jerome Powell para que reduzca la tasa de interés de referencia.

Estas acciones, consideradas inconstitucionales por diversos expertos, ponen en riesgo la autonomía de una institución que históricamente ha estado al margen de intereses partidistas.

La politización de los bancos centrales no es un fenómeno nuevo. Casos como el de Nixon en los años 70, Erdoğan en Turquía y los gobiernos sucesivos en Argentina demuestran que la interferencia política puede tener consecuencias económicas devastadoras: inflación descontrolada, pérdida de credibilidad y fuga de capitales.

En el caso actual, la presión para recortar bruscamente tasas de interés podría generar estímulos de corto plazo, pero también alimentar la inflación y debilitar el dólar. Si la Fed cede a estas presiones, se corre el riesgo de desanclar las expectativas de inflación, generar volatilidad en los mercados financieros y erosionar su credibilidad institucional.

En un año electoral en el que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi la mitad de la población mundial acudirá a las urnas, los bancos centrales enfrentan una prueba de fuego. La tentación de adoptar medidas populares puede ser fuerte, pero la prudencia y la independencia deben prevalecer. La estabilidad económica no se construye con decisiones apresuradas, sino con instituciones sólidas, autónomas y respetadas.

Banxico mejora previsión de crecimiento

La semana pasada, el Banco de México ajustó al alza su previsión de crecimiento para México para 2025, estimando un avance de 0.6% frente a 0.1% que proyectó en mayo. Este dato, aunque modesto, refleja una economía más sólida de lo anticipado, incluso frente a la desaceleración global y las fricciones comerciales con Estados Unidos. Por otra parte, espera que la inflación alcance la meta de 3.0% hacia el tercer trimestre de 2026.

En el ámbito laboral, aunque la creación de empleos formales será menor a lo previsto, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales podría elevar el número de registros ante el IMSS a más de 1.3 millones. Este fenómeno revela una transformación profunda en el mercado de trabajo, que exige nuevas métricas y políticas públicas más inclusivas.