Administrando la pobreza (en memoria del Coneval)

Carlos Salinas de Gortari no fue el primer presidente que canalizó recursos al “desarrollo social”, pero hizo de esta política uno de sus ejes centrales de gobierno. Su programa Solidaridad combinó cuantiosas transferencias de recursos públicos a poblaciones necesitadas con la promoción a la organización de las comunidades beneficiadas. Los comités de Solidaridad. 

A partir de ese sexenio, los siguientes presidentes siguieron su ejemplo destinando cada vez más recursos al “desarrollo social”. Sin embargo, a partir de Ernesto Zedillo Ponce de León el componente de organización social se canceló. Me supongo que esa organización de las comunidades no gustaba a ningún partido e incluso dentro del PRI se decía que Salinas quería formar un partido alternativo, el de Solidaridad. Paradójicamente, la ONU recomendaba que las transferencias de recursos a comunidades necesitadas estuvieran acompañadas del impulso a la organización con el fin de que estás fueron sujetos y no simples objetos de apoyos.

Ya abandonado el componente organizativo, las personas receptoras de transferencias para el “desarrollo social” se convirtieron en metas presupuestales. En algún momento de la aplicación de la “política social” se comenzó a poner más énfasis en el “combate a la pobreza”. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ya era por completo “combate a la pobreza” y se sintetizaba en el eslogan “primero a los pobres”.

Estoy distinguiendo dos ideas: “desarrollo social” y “combate a la pobreza” porque tienen connotaciones sociológicas, presupuestales y políticas importantes. Cuando hablo de “desarrollo social” me refiero al conjunto de políticas de un gobierno encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de los individuos de una sociedad. Estas políticas abarcan aspectos como salud, educación, seguridad ciudadana, equidad, inclusión, respeto al medio ambiente y empleo.

Estas políticas son exitosas en la medida que se disminuya de una manera sólida el nivel de pobreza, la desigualdad, la exclusión, el aislamiento, la vulnerabilidad y se sienten las bases para que exista una movilidad social de los grupos más necesitados. Aquí no hablamos sólo de transferencia de recursos, sino de un tejido institucional más amplio y sólido. Por supuesto, cualquier transferencia billonaria de recursos va a dar buenos datos, pero no necesariamente mejores resultados ni efectos sostenibles.

Vamos a la otra idea: combate a la pobreza. Tal y como lo entiende este y el anterior gobierno se refiere a una transferencia indiscriminada de recursos cada vez mayores. Sin evaluación o seguimiento alguno, sin distingo de las diferencias de quienes las reciben y un componente más: una narrativa paternalista, con falsos tonos justicieros. Se borraron con AMLO décadas de luchas de las oposiciones para evitar que los gobiernos priistas presumieran que los recursos que daba el Estado eran una graciosa concesión del presidente en turno. Paradójicamente, muchos de los que buscaron institucionalizar estos recursos han sido cómplices de AMLO y Sheinbaum.

Hay que decir que a pesar de los billones de pesos que se han destinado desde 1988 a las políticas “sociales”, los beneficios han sido escasos. Hay numerosos estudios que prueban corrupción, fracaso para llegar a los sectores más pobres de una manera eficaz, subejercicios, mala planeación y errores en la aplicación, entre algunos de los señalamientos de los expertos.

El sexenio de AMLO empeoró la situación. Aparte del enorme dispendio en recursos mal aplicados en el combate a la pobreza, hay indicios de que, al no ser programas auditados y evaluados, se utilizan como una forma de cooptación y control político, desviación de recursos por parte de funcionarios o los mismos partidos en el gobierno. Por supuesto, presumen la disminución del porcentaje de pobres en el país.

En efecto, de acuerdo con algunos indicadores se ha reducido el número de pobres, pero aquí hay que hacer varias consideraciones. En primer lugar, habría que definir metodologías y escoger las mejores, no las que políticamente hagan lucir más al gobierno. Segundo, puede ser que se haya reducido el número de pobres por salario, pero es muy posible que el número de personas en vulnerabilidad haya crecido. Es decir, el Estado está fallando en educación, salud, vivienda, paz, etc.

Sí, gracias a los aumentos reales de salario y las transferencias, millones de personas están en una mejor situación, pero esto es una realidad frágil. El gobierno está agotando sus recursos, la deuda y el déficit heredado por AMLO está limitando las posibilidades de gasto. Una muestra de ello es que la pensión para la tercera edad en 2025 sólo aumentó en 200 pesos, menos del 4%. Adicionalmente, en la medida en que la economía siga estancada, en el mejor de los casos, o entre en recesión (probable) las posibilidades de seguir aumentando salarios y dando empleo se vendrán abajo.

En fin, estamos en un país que ha cancelado la movilidad social por las vías legales y el gobierno sólo está administrando la pobreza, no resolviéndola.