Hace algunos años me tocó visitar el complejo penitenciario en Islas Marías, cuando todavía funcionaba como tal. Muchos fueron los asombros y las lecciones, pero una de las reglas que más me llamó la atención fue que, sin que fuesen reos de alta peligrosidad, las personas ahí privadas de libertad no podían leer el periódico.

Ni periódico ni Google News, ni el noticiero de Leonardo Curzio, ni resúmenes en Feed, ni Carmen Aristegui ni nada que les permitiera tener información del mundo exterior. Sólo la que aportaran sus familiares, abogados y custodios. No pueden saber ni a cuánto está el dólar ni si mataron al ex gobernador de Jalisco ni cuántos frasquitos de la vacuna llegaron esta semana al aeropuerto bajo la atenta mirada de Marcelo Ebrard.

El acceso a la información es uno de los derechos que se pierden en el país cuando se pierde la libertad, así como el derecho a votar. A quienes entran a un centro de readaptación se les declara de facto la muerte civil, igual que en otros países pero a diferencia de otras naciones. En algunas regiones de Estados Unidos incluso es posible perder todos los derechos cívicos aunque se recupere la libertad física, pero en el otro extremo, 17 países de Europa mantienen la vigencia del derecho al voto aunque haya condenas en firme. Es más, hasta en China se permite votar a todos los que estén presos sin pena de muerte. 

En México no. Aquí, a pesar de que la evidencia no vincula la delincuencia con la pérdida de derechos políticos, las leyes son claras y si te mandan al Cefereso olvídate de apoyar a los morenistas o a los antimorenistas o a las alternativas. 

¿Pero qué pasa con aquellos miles de mexicanos que aún no son declarados culpables? Ya saben que tenemos esa bonita costumbre de dejar en prisión durante años a personas cuyo juicio sigue y sigue ad infinitum. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden votar mientras esperan sentencia? Legalmente no son culpables, así que, ¿pueden hacerlo? Pues resulta que sí. No sólo porque una interpretación correcta de la ley nos lo indica, sino porque ya salió de labios de los magistrados del tribunal electoral. El Tribunal dijo que sí desde el 2019, y por primera vez este año habrá voto por correo desde centros federales de readaptación. 

Suena complicado. ¿Cómo se harán campañas, cómo se les hará llegar la información, cómo se garantizará la secrecía del voto?

No está fácil, aunque en otros países se hace con sistemas muy similares al del voto por correo desde el extranjero. Se les registra, se les manda la boleta, ellos la marcan con anticipación y la regresan. 

De todas formas, no está el INE para bollos, así que no se lanzan desde ahora con todo el aparato para todo el país. En junio de este año, sólo cinco centros de readaptación participarán en el ejercicio. Es un ensayo, pero con votos válidos. Más de 2,000 personas privadas de la libertad y en espera de sentencia, podrán cruzar la boleta si así lo desean

y habrá organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos siguiendo el proceso con lupa para que esta prueba piloto se vuelva un ejercicio completo en el 2024. 

No es un asunto menor. Es un avance en la ampliación de derechos, pero no será fácil instrumentarlo. Me preocupa que no puedan leer el periódico, pero me preocupa más que tengamos tantos ciudadanos en prisión preventiva.

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

Lee más de este autor