El lunes 8 de julio, el Congreso de Baja California dio un golpe artero al modelo de democracia vigente al erigirse en supraelector y decidir que los cargos públicos que se votan en las urnas por un periodo preestablecido pueden extenderse al margen de la decisión soberana de los electores para durar dos o tres veces más tiempo con el simple aval y la voluntad ilegal de legisladores y de cabildos. En esa entidad hay 2.8 millones de votantes, su cuerpo legislativo es de 25 diputaciones y fueron 21 quienes, literalmente, cambiaron la Constitución para regalar tres años más de gobierno a quien fue electo sólo por dos años.

El 2 de junio se instalaron casillas para elegir a quien ocuparía dos años la gubernatura de la entidad. El periodo corto responde a que desde el 2014 se decidió para todo el país que los calendarios comiciales debían empatarse entre lo local y lo federal. Jaime Bonilla, cuando era candidato de Morena (hoy gobernador electo), intentó que ese plazo fuera mayor, que durara cinco años y no dos, por eso presentó un recurso legal antes de que se realizara la elección, pero no tuvo éxito. El Tribunal Electoral del estado le había dado inicialmente la razón, con el honroso voto en contra de su presidenta, pero la última instancia que es el TEPJF confirmó, en dos ocasiones, que las elecciones serían para definir gobierno de dos años y no de cinco. Con esas reglas se abrieron las urnas y los electores decidieron. Bonilla obtuvo el respaldo inobjetable de una mayoría de electores, aunque la participación ciudadana fue muy baja (29.8 por ciento).

Desde que la reforma electoral del 2014 apostó por homologar los calendarios, hemos tenido algunos gobiernos de periodo corto, por ejemplo, en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes fue electo en el 2016 por dos años para nuevamente renovar gubernatura en el 2018, cuando Morena ganó por un periodo de seis años con Cuitláhuac García, lo mismo pasó en Puebla con Tony Gali del PAN, electo sólo por dos años.

Fue el propio Congreso de Baja California quien publicó el decreto no. 112 en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del 2014. El plazo era conocido desde entonces y esas modificaciones también implican que los diputados electos en el mismo proceso electoral del 2019 iniciarán funciones el 1 de agosto del 2019 y concluirán el 31 de julio del 2021; que los munícipes electos iniciarán funciones el 1 de octubre del 2019 y concluirán el 30 de septiembre del 2021, y que el gobernador debe iniciar funciones el 1 de noviembre y concluir el 31 de octubre del 2021.

Ese plazo fue el que los diputados cambiaron a “toro pasado”. Ya electo Bonilla, usurparon el papel que tienen los ciudadanos en las urnas en nuestro sistema democrático y aseguran que lo hicieron porque es muy caro organizar elecciones tan pronto, que dos años son pocos y que “el sentir” popular es mantener a Bonilla más del doble de tiempo por el que fue votado.

Pese al escándalo que había provocado la decisión del Congreso local, el 10 de julio fueron tres de los cinco ayuntamientos de Baja California los que avalaron el golpe: Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate aceptaron la ampliación de plazo, mientras que Mexicali votó en contra y Tijuana hizo lo mismo el 11 de julio.

Con esos números, se cumplió con el requisito de la mayoría (tres de cinco ayuntamientos) de los que respalden una reforma para que adopte el carácter de oficial en el estado.

De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución local, el gobernador no tiene facultad para vetar reformas constitucionales ni para hacer observaciones. De nada sirve que no publique en el periódico oficial la reforma el actual gobernador, porque de todas maneras se daría por promulgada según el artículo 112 de esa Constitución; las declaraciones en ese sentido parecieran ser una cortina de humo. Si en verdad hubiera intención de combatir el atropello, el gobernador saliente podría impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

Lo ocurrido en BC no es un asunto menor. Ante declaraciones tan lamentables como las de la presidenta de Morena, que contrastan con la postura de Tatiana Clouthier, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas o el silencio cómplice y evasivo de actores políticos relevantes, la SCJN debería pronunciarse antes de que Bonilla asuma el cargo (en noviembre). Estamos a tiempo de frenar un precedente que podría dar luz verde a los congresos para alargar periodos a partir de motivaciones o acuerdos soterrados, que también deberían investigarse, clarificarse y sancionarse. La Corte, como máximo tribunal de nuestro país, tiene el imperativo de evitar que esas decisiones erosionen irremediablemente la institucionalidad democrática del país.

*Es consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada