Los recientes sucesos en Ciudad Universitaria despiertan la indignación social por el envenenamiento al que son expuestos los jóvenes, pero también la furia porque el esfuerzo de la sociedad, que financia la educación superior pública, se intente alterar y enturbiar. Lastimaría que se dejara de invertir en enseñanza e investigación académica para hacerlo en medidas combativas delincuenciales.

Tampoco suena lógico disminuir presupuesto en actividades deportivas para entrenar a maestros en medidas de defensa. La violencia no puede ni debe combatirse con violencia. ¿Vamos a sustituir los sentimientos de solidaridad en la enseñanza por el crimen e intimidación? Definitivamente no, pues aún conservamos nuestros muchos valores morales.

No nos engañemos: ninguna comunidad universitaria, menos sus autoridades, permite, tolera o avala, y menos promueve, el consumo, la distribución o la venta de estupefacientes. Por el contrario, la enseñanza superior impulsa valores que corresponden a los principios del Artículo 3º constitucional, misma disposición que define a la autonomía universitaria (facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma) y que señala que sus fines son educar, investigar y difundir la cultura. Así, las universidades autónomas determinan sus planes y programas, los términos de ingreso de sus alumnos y personal académico, además de administrar su patrimonio. La autonomía universitaria se concibe, de acuerdo con el pensamiento de Antonio Caso, como el impedimento de la injerencia del poder político en su vida interna. Es indiscutible que no se identifica la autonomía con anomia, ni con extraterritorialidad o impunidad; que tampoco es sinónimo de libertinaje ni homólogo de complicidad; quienes así lo crean están confundidos. No existe disposición alguna que así lo sugiera o permita interpretar la autonomía sin límites y sin reglas. Frente a la irresponsabilidad de quienes propician la violencia y la comisión de ilícitos en el ambiente universitario, debe aplicarse la ley. Que no se distraiga la labor de sus autoridades, profesores, alumnos y trabajadores, quienes deben enfocarse en mantener el prestigio hasta ahora reconocido a nivel mundial.

Impidamos el intento de devaluación por hechos ilícitos cometidos por personas ajenas a la comunidad universitaria. La UNAM ha sido maltratada por rufianes que han logrado incrustarse con conductas distantes de la aceptación de los auténticos universitarios. Se les ha tratado de disuadir para retomar el camino de la reflexión y la responsabilidad; tal parece que hasta ahora no se ha logrado pese a los esfuerzos continuos por erradicar estas malas prácticas, pero debe impedirse que la violencia se imponga y para ello se requiere la participación decisiva de la comunidad entera. Es falso que se esté gestando un nuevo 1968. Lo que sí genera pánico es que la sociedad deje de reconocer lo que la UNAM significa para México. Desagraviemos a nuestra Máxima Casa de Estudios y seamos solidarios con la comunidad universitaria, especialmente con sus autoridades, encabezadas por el rector Enrique Graue, quienes han manifestado una profunda reflexión para combatir la delincuencia detectada en sus instalaciones, sin trastocar la libertad y orden académico. Los hechos que han afectado la vida universitaria son consecuencia de los fenómenos sociales que vive el país. Jamás entenderíamos una universidad armada para defenderse, lo que es incompatible con los fines universitarios y con su autonomía. Por el contrario, la UNAM y las instituciones de educación superior son la base para conseguir soluciones inteligentes y pacíficas que resuelvan nuestros problemas como sociedad.

¡POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU!