El presidente Felipe Calderón (2006-2012) ha sido acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, el pasado 25 de noviembre del 2011, por un grupo de mexicanos. La acusación se acompaña con 470 casos de homicidios, torturas y desapariciones forzadas, resultado de la guerra en contra del narcotráfico.

La reacción primera de Los Pinos fue una declaración, del 27 de noviembre, donde asegura que las acusaciones son calumnias y que el gobierno explorará todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias institucionales . El Estatuto de Roma, que rige a la CPI, fue ratificado por México en el gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006).

Los expertos consideran que la denuncia es legal y que la CPI está obligada a darle entrada, para analizarla y luego decidir sobre ella. Piensan también que no va a prosperar porque no existen elementos para inculpar de manera directa al Presidente de los hechos referidos. A pesar de esa certeza, tendrá que atender la acusación y abonar en su defensa mientras trascurra el proceso.

El caso tiene relación directa con la demanda radicada en la Corte Federal de Hantford, Connecticut, en contra del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), que ahora enseña en la Universidad de Yale. Se le acusa de ocultar el papel que jugó el ejército en la Matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997, donde perdieron la vida 45 personas. La demanda fue interpuesta por diez de los sobrevivientes a través de un reconocido despacho de abogados de Miami.

La administración de Calderón está comprometida a fondo con Zedillo. El gobierno paga a sus abogados y a través de la Cancillería ha solicitado al gobierno estadunidense la inmunidad soberana para éste en su calidad de expresidente. Los defensores han pedido que el Departamento de Estado se pronuncie sobre la misma y que la Corte espere esa decisión antes de iniciar el proceso.

Los demandantes fundan su caso en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (1991) y la Ley de Protección y de Reclamo por Agravios a Extranjeros (1992) que permiten demandar a ciudadanos no estadunidenses en sus cortes. La defensa, de otro lado, argumenta que Zedillo no puede ser juzgado en Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (1976).

El presidente Calderón, con su apoyo a Zedillo, busca crear un antecedente para que el próximo gobierno, faltan ya sólo 10 meses para terminar el sexenio, asuma como suya, de ser el caso, su defensa ante la CPI. Apoyar a Zedillo es una decisión legal y válida. Habrá que ver los costos políticos y personales que puede traer para Calderón, el caso no va a prosperar, es un juicio abierto en su contra en el máximo órgano es la justicia internacional.

Twitter: @RubenAguilar