Para Sarahí Luz Velazco, zapoteca del municipio Villa Talea de Castro, en Oaxaca, el servicio de telefonía celular que ofrece Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. (TIC), el cuarto operador móvil de México, representó una solución logística para su negocio de venta de pan. “Tenía que esperar a los días de plaza que son los días lunes, pues recibía los recados vía choferes de las camionetas que vienen de los pueblos o me marcaban a las casetas, pero me era difícil. A veces, no me querían pasar la llamada, no tienen tiempo o a quién mandar (...) Muchas veces no entregaba pan porque no sabía con tiempo quién quería. Ahora ya marco los domingos a mis clientes y puedo comenzar las entregas desde el lunes y me facilita el trabajo”, dijo Velazco a investigadores de la UAM en un reporte difundido en marzo de 2017 sobre el impacto de la organización.

TIC es una iniciativa totalmente disruptiva: una cooperativa que ofrece telefonía móvil e internet a comunidades indígenas a precios asequibles para sus usuarios, administrada por las propias comunidades. Opera con el apoyo de Rhizomatica, una organización que produce soluciones de telecomunicaciones a partir de tecnologías de código abierto, con la intención de fomentar el acceso a la información, el desarrollo y la calidad de vida de las personas impactadas. El caso de Sarahí Luz Velazco deja claro el objetivo.

La telefonía móvil se ha vuelto un servicio indispensable para el empleo y la seguridad, principalmente. Dos usos expresados por los suscriptores de TIC en comunidades de Oaxaca como San Miguel Huautla, Santa Inés de Zaragoza o San Juan Yagila. Entre los trabajadores técnicos o manuales es una necesidad básica, pues a través del móvil consiguen nuevas propuestas de trabajo. “La telefonía comunitaria nos ha ayudado (...) Hay personas que tienen mi número y que saben que yo hago trabajos de plomería, de electricidad, de herrería, entonces se les hace más fácil echarme un telefonazo y decirme: fíjate que tengo esta necesidad, puedes venir a arreglarlo, y eso ha facilitado mi trabajo”, dijo Belisario Maximiano, mixe del municipio Santa María Alotepec, para el estudio de la UAM ya citado.

Pero la disrupción puede aparejar complicaciones cuando se produce en ambientes conservadores o en condiciones precarias para la innovación: las operaciones de TIC se encuentran en riesgo debido al cobro por aprovechamiento de espectro que exige el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por casi un millón de pesos. La autoridad exentó del pago de los trámites para el otorgamiento del título de concesión para uso social, pero evitar el cobro de derechos ha representado un chapuzón a los abismos de la burocracia mexicana. Para la autoridad, el cobro está determinado por la Ley Federal de Derechos y es insalvable; lo que sigue son las acciones de Hacienda, que pueden significar la imposición de un crédito fiscal y un posterior embargo, que asfixiaría por completo a TIC. Y aunque en primera instancia parece un asunto burocrático, en el fondo es un tema político e ideológico. Es una resistencia a pensar de manera distinta las telecomunicaciones; es negar la existencia de iniciativas diferentes a las desarrolladas por empresas como América Móvil, AT&T y Telefónica.

TIC no es un operador comercial y tampoco tiene fines de lucro. Es una iniciativa social, que cobra 40 pesos al mes a sus usuarios en 18 comunidades de Oaxaca: una parte de ese ingreso (62.5% o 25 pesos) se queda en las comunidades, responsables de administrar la red, y el resto (37.5% o 15 pesos) se destina a TIC para reinversión. Cuenta con unos 3,000 usuarios, para totalizar con 10,000 personas como población servida; funciona en comunidades de 200 a 3,000 habitantes. Es una red pequeña pero ambiciosa, que este 2018 espera alcanzar el punto de equilibrio financiero y expandirse a otros estados, como Guerrero y Oaxaca. Es una iniciativa altruista en una industria de tiburones. Y por eso, por el servicio que brinda a comunidades que ni el mercado ni el Estado quieren atender, se vuelve obligatoria la ayuda del gobierno no sólo para exentarla del pago de derechos, también para el desarrollo de la red y la mejora del servicio. ¿O no hablábamos de eso cuando las telecomunicaciones en México se volvieron un derecho fundamental consignado en la Constitución?

Jose Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Cursa la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara en línea.