México es un país que cuenta con un mercado importante para el uso de crédito para consumo, y el vehículo por excelencia para ejercerlo es la tarjeta.

Nada puede distorsionar más a cualquier tipo de mercado, que las prácticas oligopólicas o monopólicas. Si tales distorsiones se introducen en el mercado de servicios financieros, las lesiones graves a la economía terminan por trasladarse al usuario a quien se impacta por costos, al igual que a las redes de comercios que ralentizan su beneficio por menores ventas. Este problema está por alcanzarnos en un contexto inconveniente donde se conjuga una economía recesiva y una deteriorada capacidad de cumplimiento de obligaciones. Y así, México es un país que cuenta con un mercado importante para el uso de crédito para consumo, y el vehículo por excelencia para ejercerlo es la tarjeta. Tal es la dimensión de la importancia de tales instrumentos crediticios, que, a junio de 2020, la estimación del Banco de México sobre el saldo de lo otorgado a tarjetahabientes rozaba ya los 320,000 millones de pesos.

El problema puede ser hondo cuando, en aras de crear condiciones favorables a las instituciones otorgantes, se llegara a colapsar en la funcionalidad del sistema financiero mismo. No es improbable que las instituciones que concentran poco más del 60% del mercado en puntos de venta, y que son bancos de capital extranjero, pudieran maniobrar para manipular todo un ciclo a su favor. Desde la adquirencia, la emisión y la compensación, BBVA y Citibanamex cuentan con los medios para implementar esquemas comerciales ventajosos que, en un último escalón, significan conductas de colusión que elevan los costos por uso y financiamiento del usuario y que a su vez fijan tarifas desproporcionadas para los comercios.

En un escenario de acceso restringido en condiciones de equilibrio para nuevos usuarios de crédito, y de asfixia para un cúmulo de cerca de 26 millones de usuarios, difícilmente tendremos un estimulante para la reactivación económica. Es ahí donde se debe insistir en que autoridades como la Comisión Federal de Competencia Económica, en uso de sus facultades, visibilice cuáles son las trabas actuales para un sistema sano de competencia, así como que por igual determine qué insumos en el mercado de sistema de pagos serían necesarios para conseguir mayor agilidad y saneamiento de un proceso que parece destinarse al desmayo. De entrada, los bancos accionistas encargados de procesar las operaciones son copropietarios de las cámaras de compensación con lo que incurren en el favorecimiento ante competidores por el simple hecho de contar con información privilegiada sobre otros participantes.

Tal situación ya ha sido observada de manera preliminar en el informe del 16 de diciembre del pasado año por parte de la Cofece, pero ante lo filoso del momento, sería deseable ampliar la investigación a la totalidad de la plataforma de tarjetas de crédito y débito en el país. Corregir a tiempo en tiempos difíciles es no solo de sabios, sino de responsables comprometidos con el país.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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