“¡Vulnera la soberanía nacional!” fue la consigna opositora que se escuchó en el México de los 80 cuando nos incorporábamos al GATT o al TLC a principios de los 90. Tenían razón. Todo acuerdo, sea un contrato o un tratado, se rige bajo la máxima de que lo pactado tiene que cumplirse. Por tanto, un arrendador, un depositario, un comprador, una autoridad competente o un gobierno nacional encuentran como límite a su soberana gana a lo expresamente acordado por ellos en el convenio privado o internacional.

Al igual que sucede cuando el arrendatario o un prestador de servicios incumplen sus obligaciones, que pueden ser compelidos por un juez al cumplimiento forzoso y a la indemnización correspondiente, la inobservancia de un gobierno a servir y honrar sus compromisos puede ser revisada supranacionalmente por un órgano, panel o procedimiento previsto en un tratado y dictaminar y sancionar su incumplimiento.

Por ello, aquellas voces que se oponían a la integración de México a los acuerdos de comercio o inversión, voces que hoy gobiernan en nuestro país, les incomoda que sus designios enfrenten la cortapisa del texto firmado. Un gobierno, como el nuestro, que cuenta con el apoyo irrestricto de una mayoría legislativa y la intermitente sumisión de los tribunales está acostumbrado a no enfrentar negativas institucionales.

Así, la decisión del presidente López Obrador de decretar la inobservancia al marco jurídico vigente en materia energética, agrícola o cualquier otra puede encontrar respaldo por jueces federales, incluida la zarandeada Suprema Corte, pero habrá de toparse –tarde o temprano- con lo comprometido en acuerdos internacionales y, por lo tanto, con los mecanismos de dichos convenios internacionales que pueden llegar a sanciones, medidas de retaliación o represalias o, inclusive, a la denuncia de los mismos para su terminación. La soberanía nacional habrá encontrado un límite, pero por las razones correctas: respetar la máxima pacta sunt servanda.

El reciente reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos advirtiendo que la política de López Obrador, incluida la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada hace unos días, es contraria a los compromisos de México –conforme a los acuerdos comerciales e inversión entre ambos países- es sumamente relevante. Un dictamen semejante se espera para la recién aprobada Ley Federal de Cinematografía.

De no atenderse lo que –hasta ahora- resulta un señalamiento sobre una barrera a la inversión, el tema puede escalar y canalizarse por las vías y mecanismos establecidos en los tratados suscritos por México en la materia. La respuesta del gobierno mexicano debe ser técnica y precisa. Aquí no cabe envolverse en la bandera, ni intentar hacer prevalecer “lo justo” sobre el texto convenido o invocar la defensa de la soberanía nacional. El problema que enfrenta el gobierno –sin embargo- no se limita a la debilidad jurídica de las medidas contrarias a los principios de transparencia o trato nacional (no discriminación) contenidos en los acuerdos suscritos internacionalmente, sino que carece de los expertos que puedan atender estos señalamientos. Por décadas contamos con un nutrido grupo de respetados especialistas en la Secretaría de Economía (antes Comercio), y hoy batallamos para encontrar a alguien que hable bien inglés. Penoso.

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