En números redondos, el campo recibe como subsidio anual alrededor de 300,000 millones de pesos a través de diferentes partidas del presupuesto federal, radicadas básicamente en la Sagarpa y en la Sedesol, además de los recursos transferidos a los estados. Esto representa más de 8% del gasto público, y 2% del PIB. El sector agropecuario aporta a su vez menos de 5% del PIB, proporción que se debe en gran parte a la agricultura tecnificada del noroeste del país. Por cierto, el sector rural virtualmente no contribuye al erario con impuestos, está exentos de IVA y en buena medida del ISR: lo consideramos como un sector eternamente menesteroso.

Es un pésimo negocio sostener actividades económicamente inviables, de subsistencia o de escasa productividad, y anclar de manera artificiosa a la población rural a condiciones insuperables de pobreza, atraso y desigualdad. Puede decirse que, en gran parte, los subsidios al campo tienen por objetivo anclar sobre el territorio nacional modos de producción y de subsistencia incompatibles con objetivos más elementales de igualdad de oportunidades, de lucha contra la pobreza y de desarrollo económico.

Peor: son incompatibles con la necesidad urgente de contener y revertir la deforestación, erosión y desertificación de nuestro territorio, así como la destrucción de la biodiversidad y, también, con un manejo eficiente de situaciones de estrés hídrico. Y mucho menos son compatibles con el imperativo de acelerar la urbanización del país, como precondición de desarrollo y bienestar para la mayoría de la población. Ningún país desarrollado tiene una proporción significativa de población en el campo, ni ningún país pobre está altamente urbanizado.

La sequía es un nuevo motivo de extorsión por parte de los líderes campesinos de siempre, los mismos que se opusieron a las reformas liberalizadoras del Artículo 27 constitucional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los mismos que se opusieron al TLC, los mismos que gritaron: El campo no aguanta más . Ahora han venido a extorsionarnos otra vez y se han llevado más de 30,000 millones de pesos, prometidos por el gobierno federal. Espléndido negocio para ellos; fatal para México. Tal vez no lo sepan pero los efectos del cambio climático les ofrecen oportunidades doradas de chantaje y de acceso a una renta anual permanente por el resto del siglo a costa de los contribuyentes.

La ciencia del cambio climático es elocuente al respecto. Casi todos los modelos macrometeorológicos y de circulación atmosférica proyectan que ante el aumento de las temperaturas promedio de la Tierra, las latitudes de transición entre los trópicos y las zonas templadas en el centro y norte de México y sur de los Estados Unidos, así como el sur de Europa y el norte de África, Australia, el centro-norte de China e India y Asia Central van a sufrir episodios cada vez más recurrentes y prolongados de sequía extrema.

Esto, por la supresión de evaporación debido a las altas presiones generadas por un desplazamiento (a latitudes mayores) de corrientes de aire descendentes que provienen de los trópicos y que, además, pierden más humedad durante su trayecto desde el ecuador (http//serc.carleton.edu/details/images/10044.html). En concreto, el aire en esas zonas estará cada vez más seco. Mientras tanto, la desertificación avanza aceleradamente en el territorio nacional, como se puede ver con angustia en la reciente imagen de satélite divulgada por la NASA (http://1.usa.gov/w8m28V).

Si el gobierno mexicano quiere sostener hasta la ignominia ecológica, económica y social –y por el resto del siglo– a los sectores de población que habitan y viven en condiciones de subsistencia en zonas condenadas a la sequía por el cambio climático, que lo admita con franqueza y nos lo comunique. También a los líderes campesinos, quienes estarán de plácemes. Por el contrario, si el gobierno quiere mitigar con seriedad las consecuencias del calentamiento global y reducir la vulnerabilidad con políticas serias de adaptación, es exigible que rectifique, cancele los subsidios que hoy se otorgan y los utilice para financiar una emigración ordenada a las ciudades, que asegure la inserción productiva de los migrantes en la vida urbana.