El 75% de los trabajadores del mundo no cuentan con un seguro de desempleo. ¿México debería tener un programa público para atender a los trabajadores que han perdido su empleo... Puede tenerlo? En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué características debería tener la versión mexicana del mismo?

En México, hay 2.3 millones de desempleados, según la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi. Alrededor de 650,000 de ellos han estado sin trabajo por más de tres meses. Este dato ahora toma relevancia porque una diputada del PAN y un diputado de Morena presentaron propuestas para crear un seguro público de desempleo. Sus bancadas pelearon por la paternidad de la idea. Nadie mencionó que la idea es todo, menos nueva. Establecer una protección por desempleo era el Compromiso 4 del Pacto por México. Se firmó a principios del sexenio pasado y cayó en el olvido. Más que un debate de altura, en la Cámara tuvimos un lodazal de insultos poco creativos y una exhibición pugilística muy pobre.

Los panistas proponen un apoyo que duraría hasta cuatro meses y que en total sería de máximo 17,610 pesos por persona. Costaría 11,406 millones de pesos y los fondos saldrían de rasurar 8.5% de los principales proyectos del presidente en el presupuesto 2022: Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, etc. Por la argumentación, parece implicar que no se necesitaría seguro de desempleo del 2023 en adelante.

De parte de Morena, la propuesta es hacer una reforma del artículo 123 para elevar a rango constitucional el seguro de desempleo. Los recursos saldrían de la recuperación de bienes producto de la corrupción y de otra vuelta de tuerca en austeridad. En la iniciativa morenista no podemos decir que los números no cuadran, porque no sabemos cuáles son sus datos: ¿Cuánto recibiría cada desempleado, por cuánto tiempo? ¿Cuánto se gastaría en total?

La Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de tres décadas, se ha referido al seguro de desempleo como una política pública deseable. Para funcionar, debe ir acompañada de varias medidas. Más allá de una transferencia económica, las mejores prácticas internacionales recomiendan apoyos para capacitación y/o desarrollo de nuevas habilidades, ayudas para encontrar trabajo y, en algunos casos, asistencia social que incluya atención en temas de salud mental y prevención de adicciones.

En Europa, la mayoría de los países cuentan con apoyos para el desempleo. Australia, Nueva Zelanda y Japón también han desarrollado programas. En el continente americano, los apoyos más importantes corresponden a los países más ricos, Canadá y Estados Unidos. ¿A alguien le extraña que haya más apoyo para mexicanos desempleados en Estados Unidos que en México?

En América Latina, cuando menos seis países cuentan con apoyos para el desempleo. El primero en establecerlos fue Uruguay, que otorga apoyos decrecientes hasta por seis meses. Le siguieron Chile, Argentina, Brasil y Colombia. El caso más reciente es el de Ecuador, que lo estableció en 2016. El modelo chileno tiene la particularidad de incluir una mezcla de aportaciones privadas y públicas.

México va tarde en la implementación de políticas de apoyo a la población desempleada. La buena noticia es que las dos mayores fuerzas políticas del país se han puesto las pilas. La mala, además de la polarización manifiesta, es que las propuestas son muy limitadas, quedan a deber ante la complejidad del problema.

El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es de llamar la atención que los legisladores se refieren al desempleo como un subproducto de la crisis del Covid-19. Asumen que este problema socio-económico dejará de tener relevancia conforme pase la pandemia y sus secuelas. La propuesta panista se enfoca solo en la economía formal y la de Morena habla de decretar un Derecho Constitucional, sin definir los costos ni las fuentes de pago. Como si la 4T hubiera encontrado las Minas del Rey Salomón. La discusión acerca del futuro del trabajo no llegó al escritorio de los legisladores. Quizá deberían avisarles de la revolución que viene con la Industria 4.0, del riesgo de desempleo que trae la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. ¿Estamos viendo a dos calvos peleándose por un peine? La frase es de Borges. Se refería a la Guerra de las Malvinas.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

Luis Miguel González

Director General Editorial de El Economista

Caja Fuerte

Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio.

Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.

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