El pasado jueves 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal anunció que haría llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para acabar con la subcontratación de personal y regular tanto la prestación de servicios especializados, como a las agencias de colocación.

Como director de TallentiaMX, una asociación de empresas responsables, legales y profesionales de tercerización, siempre he luchado abiertamente para erradicar las malas prácticas laborales y fiscales dentro y fuera del outsourcing, es decir, terminar de golpe con la evasión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la facturación falsa.

Sin embargo, que sea positivo regular y vigilar la subcontratación de personal, no significa de ningún modo que debamos prohibirla, ya que esto supondría una innecesaria catástrofe económica y laboral.

En México hay alrededor de 7 millones de personas que actualmente trabajan de manera legal por medio de algún esquema de subcontratación. Si se prohíbe la tercerización, cerca de 5 millones de mexicanos perderían su empleo de un día para otro, viéndose orillados, en el mejor de los casos, a laborar en la informalidad.

Al respecto, debe señalarse que estudios del Colegio de México indican que en subsectores económicos con alta subcontratación (como la maquila electrónica), los índices de informalidad se han reducido del 33% al 22 por ciento. No tiene sentido acabar con un sistema que, bien empleado, estimula la creación de empleos con seguridad social y que, de ese modo, aminora la precarización y la pobreza.

Además, muchos de los puestos de trabajo que genera el outsourcing son para sectores vulnerables: 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres, hay cerca de un millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. Asimismo, la subcontratación puede reclutar, capacitar y administrar el empleo de personas con capacidades diferentes, para lo cual se requieren conocimientos e infraestructura particulares.

Acabar con la subcontratación desincentivaría la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como una manera de conseguir personal capacitado y de poderse concentrar en sus actividades centrales. Por otra parte, dificulta el cumplimiento del T-MEC, ya que este tratado busca homologar las condiciones laborales de la región y en América del Norte hay cuando menos 25 millones de trabajadores en algún esquema de outsourcing.

Ante la falta de apoyos y viabilidad financiera, innumerables empresas dependen de los créditos que legalmente les ofrecen las subcontratadoras para poder seguir manteniendo de manera temporal a su personal sin perjudicar ni sus derechos ni sus ingresos.

Se aduce que la subcontratación genera que cada año se pierdan en diciembre cerca de 300,000 empleos. No obstante, la estacionalidad laboral es un fenómeno que lleva sucediendo en México, cuando menos, desde 1998, de tal suerte que no está vinculada con la Reforma Laboral que permitió la subcontratación, sino con fenómenos como la asignación anual de presupuestos en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y el incremento de empleos temporales a final del año, es decir, con ciclos naturales de la economía.

Todos esto, además, en un contexto de crisis económica generada por el coronavirus, donde la Secretaría de Hacienda estima que al cierre de 2020 habrá caído el Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por ciento. Debe recordarse que en la Jornada Nacional de Sana Distancia (a la que muy probablemente volveremos) salieron de la fuerza laboral 12 millones de personas.

Así, por los motivos antes expuestos, hacemos un llamado a que la discusión legislativa permita acabar con los abusos en que incurren algunas empresas de subcontratación, pero, al mismo tiempo, a no poner en riesgo millones de empleos, cientos de miles de empresas y, en síntesis, el desarrollo económico y social de México.

*Elias Micha es director general de TallentiaMX.