El 14 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen donde se proponen ajustes al artículo 35 constitucional para reconocer la figura de revocación de mandato de gobiernos federal y locales. Ahí se define un modelo que permitiría a la población, si lo respalda finalmente el Senado, cancelar de forma anticipada la continuidad de un gobierno antes de que el periodo por el que fue electo originalmente termine.

No es un ejercicio en sí mismo condenable, al contrario, la revocación de mandato es una alternativa de democracia participativa consecuente con prácticas democráticas de todo el mundo, aunque hay contextos diversos y elementos que no pueden ignorarse al momento de activar ese mecanismo o detallar sus alcances, porque trae aparejados riesgos a la propia lógica de democracia directa, y sobre todo, a la equidad e imparcialidad que también pide la Constitución a los servidores públicos durante la organización de las elecciones.

Tal y como viene la propuesta de las y los diputados, la revocación podría votarse el mismo día de la jornada electoral federal intermedia. En otras palabras, cuando sólo se elijan diputados en las urnas podría darse un proceso electivo simultáneo para definir la continuidad o no de quien ocupa la presidencia de la República.

Es cierto que desahogar una revocación de mandato el mismo día en que hay elecciones optimiza algunos gastos (no poner dos veces urnas en todo el país, por ejemplo) o que mejora posibilidades de una participación nutrida que dé mayor legitimidad al resultado, pero también es cierto que existen riesgos a la equidad que deben ser tomados en cuenta y analizados en sus méritos, porque la Constitución pide al mismo tiempo imparcialidad de los gobiernos cuando hay elecciones y es claro que cualquier proceso electivo, incluyendo la revocación de mandato, necesita condiciones deliberativas en las que el gobierno sería uno de los protagonistas, o debiera serlo, para que se proporcionen y defiendan razones para optar por su continuidad y las que piden cancelar su mandato. Se necesita para eso que haya información disponible de las alternativas, una suerte de campaña justa entre el “sí” y el “no” que en ese caso no necesariamente sería entre los partidos, sería entre posturas de quienes perdieron confianza en un gobierno y piden por ello llevar a las urnas su revocación y la defensa del propio gobierno o de quienes mantienen su respaldo en él para continuar.

Uno de los requisitos polémicos es que sea el propio presidente quien llame a que vote la población por su permanencia, es decir, a diferencia de las mociones de censura que invocan partidos opositores en regímenes parlamentarios para remover al jefe del gobierno, aquí el propio gobierno podría ser impulsor de un procedimiento para revocar su mandato.

Así, los requisitos para activar ese proceso de revocación serían que lo pida el propio presidente de la República, 33% de los integrantes de cualquier cámara, o al menos 3% de los inscritos en la lista nominal (hoy serían unas 875,000 personas). Si vota en ella al menos 40% de inscritos en Lista Nominal, su resultado sería vinculante.

Hay tres reflexiones que vale la pena abordar, aunque sea de forma breve: por un lado, si un gobierno es elegido con más de 50% de los votos, ¿es válido removerlo con menos de eso, por ejemplo, que con 10 o 20% se revoque su mandato?

Por otro lado, la revocación implica una deliberación que involucra a gobiernos (que debieran defender su permanencia con información, si hay en curso un proceso para cancelarla anticipadamente en las urnas), pero las restricciones constitucionales para uso imparcial de recursos públicos, equidad de las contiendas y neutralidad de esos mismos gobiernos en época electoral requiere valorar si eso es compatible con elecciones para renovar cargos, es decir, si al mismo tiempo puede haber votación y campañas entre partidos y votación y campaña entre la defensa de un gobierno y quienes piden que se cancele su continuidad.

Propiciar un terreno de equidad en contiendas entre partidos mientras los gobiernos al mismo tiempo hacen campaña para otro tema distinto a las curules legislativas puede complicar esa base de equidad, a menos de que existan candados y garantías que no signifiquen silencio o falta de debate público sobre por qué votar por revocar o no un mandato, sin mezclar eso o desplazar campañas centradas en las ofertadas de representación legislativa en disputa. No debieran abrirse las urnas para la revocación sin información y deliberación equitativa sobre las posturas en juego, las cuáles no necesariamente son partidistas (la revocación la puede convocar un grupo de ciudadanos); ¿quién hace esa campaña? ¿Con qué garantía de equidad?

Otro reto es que México tiene un sistema presidencial, no uno parlamentario, y eso amerita dejar claro, como lo han apuntado ya varios analistas, qué hacer si los procesos de revocación en un futuro resultan desfavorables para algún presidente en funciones. Sería paradójico que un instrumento de democracia directa derivara en un presidente encargado de despacho, elegido indirectamente. Es clave por eso acotar la temporalidad entre una revocación desfavorable y nuevas elecciones. La idea de fortalecer la democracia directa debe ser apoyada, pero sin ignorar que lo que se elige en las urnas no debe transformarse en designaciones con intermediarios, ni asumir la equidad y la imparcialidad como algo que no puede darse, daño colateral irremediable. Se puede conciliar. Ojalá.

*Consejero del INE.

Twitter: @MarcoBanos

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada