Dentro del Pacto por México había un conjunto de reformas para potencializar la democratización del régimen político y la rendición de cuentas. Además de un ajuste al texto constitucional y legislación secundaria, los acuerdos de las principales fuerzas políticas contemplaba la expedición de un paquete de nuevas leyes, a saber: de partidos políticos y procesos electorales, de participación ciudadana, de propaganda gubernamental y una nueva ley de réplica.

Esta última reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución obligaría a los medios de comunicación a contar, en todo tiempo, con un defensor de las audiencias e instauraría un procedimiento jurisdiccional federal, expedito y de una sola instancia, en caso de incumplimiento del sujeto obligado, además de sanciones pecuniarias claras y adecuadas aplicables.

Recientemente se dirimió el primer juicio en esta materia. La sentencia del juez cuarto de Distrito en Materia Civil en la CDMX, Eduardo Hernández Sánchez, contra el Consorcio Interamericano de Comunicación (la casa editora del periódico Reforma) se conoció el pasado 21 de junio.

Justo hace dos meses los representantes legales de Televisa acudieron a promover el procedimiento judicial de derecho de réplica, que, tras ser admitido a trámite, quedó radicado en el expediente 224/2016. Una semana antes, el 7 de mayo, Ramón Pérez Amador y Alejandro Olmos entregaron un escrito para replicar lo que ese mismo día había aparecido en la primera plana del diario capitalino e invocaron el artículo 15 de la nueva ley, que considera a los editores sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica.

El 24 de mayo el juez Eduardo Hernández Sánchez admitió el trámite; y el 8 de junio los representantes legales de CICSA respondieron a la demanda. El 21 de junio ocurrió la audiencia de pruebas y alegatos, sin la comparecencia de las partes.

El diario capitalino había llevado ese tema en su portada los días 7 y 8 de mayo, Televisa remitió sendas cartas para solicitar que se hiciera la aclaración de esas notas, precisó la materia de la réplica y cómo debía hacerse la publicación de desagravio. Por cortesía (sic) Reforma publicó una versión abreviada de las rectificaciones. ¿Quiso cumplir la ley a su manera o de plano burlarse?

Televisa reclamó su derecho para demandar a Reforma por haber omitido publicar de manera íntegra (con las mismas características y relevancia) el contenido de la réplica. Como desagravio, reclamó al juez ordenar la publicación respectiva en primera plana, así como imponer una sanción económica y obligarlo a asumir el pago de gastos y costos.

Grupo Reforma argumentó que no emitió información falsa o inexacta y por ende no estaba obligada a publicar la réplica, misma que no se limitaba a una aclaración, sino que contenía juicios de valor y opiniones. Y alegó que la ley en la materia es inconstitucional, ya que fue sometida a consideración de un juez de amparo.

En la sentencia, el juez Hernández Sánchez valoró que la información difundida por Reforma es inexacta, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 25 de la ley de réplica. Las notas efectivamente admitían ser aclaradas en tanto que su contenido fue tergiversado, en comparación con la crónica que previamente fue publicada por The Wall Street Journal.

La demandada sí se encuentra obligada a otorgar la réplica para hacer la aclaración respectiva. Y, adverso a lo que aduce, la ley en la materia no la autoriza para calificar la información que contiene la carta anónima, origen del reportaje , consideró el juzgador; lo que protege la ley de la materia es que la información que se proporcione por un medio de comunicación sea verdadera, pues ése es precisamente el derecho fundamental que salvaguarda el artículo sexto .

Hernández Sánchez determinó que Reforma violó el derecho de réplica de Televisa. Por tal motivo, fue condenado a publicar de forma íntegra la réplica en primera plana y no en páginas en interiores. Además fue multado con 36,000 pesos.

Hace una semana, el apoderado legal de CICSA interpuso una apelación que fue admitida en ambos efectos. El juez Hernández Sánchez le concedió tres días para comparecer ante el tribunal de alzada. En ese litigio estaría involucrado el diario estadounidense.

Mientras se resuelve la apelación, queda confirmada la vigencia de la ley de réplica, por lo que los sujetos obligados deberán preparar mejor su información; y también, evitar el uso de los medios para llevar a cabo campañas de desprestigio o difamatorias.

EFECTOS SECUNDARIOS

PRECURSORES. A causa de la sobrerregulación y un exceso de legalidad en el sistema, México ha mostrado un rezago en los impactos sociales en telecomunicaciones, de acuerdo con el Global Information Technologhy Report de la Universidad de Cornell. El estudio, a través del Networket Readiness Index (NRI), contempla 53 indicadores en las áreas de desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 139 países. El reporte destaca la importancia de Internet como el conducto de un progreso social, por lo que exhorta a las economías mundiales a trabajar con políticas de inversión que prioricen las tecnologías de la información.