¿Qué instituciones políticas son más conducentes al desarrollo económico?

En el caso mexicano, el sistema político excepcional que apoyó decididamente la implementación de la reforma económica durante los 80 y 90 se ha constituido como uno de los principales obstáculos para su consolidación.

El problema surge cuando se piensa en las posibilidades de construcción de un escenario democrático que no sólo resuelva eficazmente la pluralidad política que recorre al país, sino que también conjugue armónicamente los sistemas electoral y de partidos con el sistema de gobierno, de manera que no hagan naufragar ni a la incipiente democracia mexicana ni a las reformas económicas ya implementadas.

De ahí precisamente la pertinencia de preguntarse por el futuro de este arreglo a la luz de la literatura y la evidencia, según las cuales este tipo de fórmula es muy proclive al fracaso.

La cuestión es examinar qué resultados políticos en términos de gobernabilidad y de eficiencia de políticas tiene un arreglo como el mexicano.

La democracia electoral tiene muchas virtudes, pero los problemas de políticas y los temas que faltan por resolver en la agenda política, económica y social son muchos, y no admiten más demora.

El actual diseño mexicano ha creado incentivos para que la solución de los problemas se torne mucho más compleja y en el extremo imposible.

Existen dos convergencias en torno de la relación entre reforma económica y sistema político:

1) El país necesita reformas estructurales para consolidar la reforma económica.

2) Pero no es posible procesarlas en el Congreso, por lo que se necesita reformar el poder para construir mayorías estables o un conjunto de incentivos para que los legisladores se puedan poner de acuerdo.

Estas condiciones se refieren a dos temas diferentes pero relacionados.

El primero es la capacidad del sistema político para iniciar y sustentar las políticas de mercado. En tanto que el segundo apartado se refiere a la capacidad del sistema político para hacer cumplir las nuevas reglas establecidas.

De esta suerte, la tarea básica consiste no sólo en sortear los costos asociados con la implementación de la reforma sino, además, en sentar las bases para la consolidación política del nuevo modelo económico pensado a un largo plazo.

De tal forma, no está claro entonces si el sistema político mexicano está preparado para sentar las bases de un crecimiento económico largo y sostenido.

La disminución de los poderes discrecionales del Ejecutivo es buena en sí misma. Sin embargo, sus escasos poderes constitucionales en un contexto de nulos incentivos para la cooperación multipartidista ha obstaculizado la creación de los consensos políticos necesarios para sacar adelante políticas que le den vialidad a los cambios ya emprendidos anteriormente.

El sistema político necesita entonces encontrar un equilibrio que le permita, por un lado ser suficientemente flexible para realizar los cambios de políticas necesarios, y por otro ser lo suficientemente rígido para que las políticas implementadas alcancen niveles que sean sustentables.