Protegerse de los protegidos

Adrián Trejo

Por fin los legisladores parecen haber volteado la vista al espinoso asunto de los testigos protegidos’’, sobre cuyas declaraciones se han fincado un sinnúmero de responsabilidades penales a ciudadanos que, en muchos casos, no tenían culpa alguna.

Se trata de un tema complejo debido a sus implicaciones, no sólo penales sino políticas.

Quizá el caso que más se recuerde es el de Fernando Rodríguez González, asistente del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, quien acusó a Raúl Salinas de Gortari de ser el autor intelectual del homicidio de Francisco Ruiz Massieu.

Por esa declaración, hecha el 15 de febrero de 1995, Rodríguez González recibió de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada entonces por el panista Antonio Lozano Gracia, y del fiscal especial para el caso, Pablo Chapa Bezanilla, 500,000 dólares.

Tuvieron que pasar 10 años y tres meses para que un tribunal colegiado amparara a Salinas de Gortari por ese homicidio del cual fue finalmente exonerado.

Y aunque existieron pruebas de la utilización política de las declaraciones de Rodríguez González, fueron ignoradas.

Ahora, en la guerra declarada a la delincuencia organizada, tanto la PGR como la Policía Federal Preventiva y en ocasiones el Ejército, han echado mano de los testigos protegidos’’, como nunca en la historia de la justicia en México.

Pero los testimonios de estos personajes no siempre resultan ciertos, sobre todo porque están incentivados por beneficios económicos y penales -la reducción de la sentencia a 50% siempre y cuando aporte datos ciertos para la captura de otros delincuentes-, además de la presión que ejercen sobre ellos algunas autoridades urgidas por resultados.

Pues bien, diputados y senadores del PRI presentarán una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que propone penalizar con 12 años de cárcel a los testigos protegidos que incurran en falsedad de declaraciones y hasta 16 años de prisión para el funcionario que instigue a la declaración en falsedad.

De acuerdo con el diputado Gerardo Vargas Landeros, impulsor de la iniciativa que tiene el apoyo de los senadores y del coordinador de los diputados del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, 80% de las declaraciones de dichos testigos resultaron falaces’’; es decir, mentiras.

Y aunque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada reconoce la existencia de los testigos’’ y colaboradores’’, no hay por el momento una ley o reglamento que sancione las imputaciones cuando éstas sean falsas y dolosas.

Vargas Landeros asegura que el perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones o deposados falsos.

Aunado a lo anterior, existen circunstancias en que hay inculpados que se convierten en falsos testigos protegidos , debido a la inducción dolosa que ejercen sobre ellos algunos funcionarios policiales o ministeriales que, con el fin de resolver el caso en de manera manipulada, los instigan a deponer contra determinadas personas sin elementos que correspondan con la realidad .

La propuesta del PRI es que las sanciones vayan de los cinco a los 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al testigo o colaborador que interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad .

Se prevé prisión de seis a 12 años y de 300 a 500 días multa al que examinado por alguna autoridad judicial, teniendo la calidad de colaborador o testigo protegido, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar.

Si quien propicie la comisión de los delitos ( ) fuere un servidor público, se incrementará la pena en una tercera parte de las penas indicadas .

En otras palabras, proteger a la sociedad de los protegidos’’.

Todavía se mueve

En los próximos días, Grupo Salinas, propietario de Unefon, presentará una solicitud de amparo en contra de la determinación de la sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que eximió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del pago de 3,000 millones de pesos de intereses, actualizaciones y recargos por la venta de la telefónica.

Como recordará, Grupo Salinas demandó la devolución de los intereses que la SCT cobró a los concesionarios originales por la aplicación de dos prórrogas para el pago de la concesión.

Los intereses sumaron 596 millones de pesos, de los cuales la SCT devolvió, en el 2006, 550 millones.

El fallo de la sexta Sala Regional reconoce que la devolución de los intereses fue correcta e incluso establece la obligación para que se devuelvan los 46 millones restantes.

Y ésta es la contradicción: si se reconoce que el cobro de los 596 millones fue indebido, entonces también deberían reconocerse los intereses que la cifra generó en los años que fue administrada por el gobierno.

Ya será un tribunal colegiado el que determine quién tiene la razón, pero el caso está muy lejos de haber concluido.

Mucho ruido, pocas nueces

Los diputados y senadores han hecho mucho ruido pero en realidad han ofrecido magros resultados con respecto a sus intenciones de modificar algunas leyes para reducir el cobro de comisiones de las afores o de las tarjetas de crédito.

Son tema que venden electoralmente, pero no hay, por el momento, ningún dictamen sobre alguna iniciativa relacionada con esos temas que afectan el bolsillo de los mexicanos.

¿Será que a la hora de la declaración les da calor, pero a la hora de legislar les da frío?

atrejo@eleconomista.com.mx