El presidente López Obrador y Morena han puesto al INE contra la pared. Por un lado, promueven la celebración de un proceso de revocación de mandato y, por otro, le niegan a la autoridad electoral los recursos para organizarlo en los términos establecidos en la ley.

El propio presidente de la República impulsa la consulta revocatoria, con el fin de conseguir su ratificación en el cargo. Busca con ello inyectar a su gobierno de nueva energía durante la segunda mitad del sexenio.

La celebración de la consulta revocatoria puede ya darse por descontada. La Sala Superior del Tribunal Electoral se encargó de quitar el único obstáculo que sus promotores tenían por delante. Suprimió la obligación de utilizar la app desarrollada por el INE para recabar las firmas de apoyo. Con ello eliminó también el único medio para asegurar la autenticidad de los apoyos ciudadanos a este ejercicio.

La consulta revocatoria tiene que organizarse con los más altos estándares de administración electoral. No es para menos, pues el procedimiento está diseñado para destituir al presidente de la República, el cargo político de mayor jerarquía en el país.

Por ello, la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, ordena que se instale “la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal”.

En otras palabras, el INE está impedido por ley para reducir el costo más alto de la organización de una elección: la integración de las mesas directivas de casilla. En el caso de la revocación de mandato, como sí la tuvo con la consulta popular sobre los expresidentes, celebrada en agosto. Adicionalmente, tiene que instalar 300 consejos distritales y 32 consejos locales, los órganos que supervisan la organización de las elecciones los distritos y los estados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó que, para ejercicios de participación ciudadana establecidos en la Constitución, como las consultas populares o la revocación de mandato, el INE tiene que formular un “presupuesto precautorio”. Son gastos de carácter contingente que el INE debe prever en su solicitud de recursos a la Cámara de Diputados y, en caso de no utilizar, devolverlos a la Tesorería de la Federación.

El INE solicitó un presupuesto precautorio por 5,743 millones de pesos, de los cuales 3,830 millones de pesos se emplearían en el proceso de revocación de mandato y 1,913 millones de pesos en una eventual consulta popular, que tuviera que realizarse a solicitud del Congreso o el presidente de la República.

La Cámara de Diputados le aplicó un recorte de 4,913 millones de pesos. La medida deja al INE con sólo 830 millones de pesos para organizar el proceso de revocación de mandato. De una eventual consulta popular, ya ni hablamos.

El INE no puede disponer de los recursos previstos para la organización de los ocho procesos electorales locales a celebrarse en 2022, unos 1,858 millones de pesos. En seis estados se renuevan gubernaturas, y en los otros dos la legislatura local y los ayuntamientos.

Tampoco hay manera que con economías del presupuesto base, el INE pueda sacar los cerca de 3,000 millones de pesos que le hacen falta para organizar la consulta revocatoria que quiere el presidente. Respecto a utilizar los recursos de los fideicomisos del INE, como sugirió el Secretario de Gobernación, hay un claro impedimento legal. Dicho fondos sólo pueden destinarse a los fines para los cuales se constituyeron.

Morena y sus aliados están generado una crisis constitucional al darle al INE un mandato y negarle los recursos mínimos para cumplirlo. El asunto debe acabar en manos de la Suprema Corte de Justicia. Es lo que pasa cuando la política falla.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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