Parece que han pasado siglos desde que las distintas organizaciones civiles que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto dieron un voto de confianza al gobierno de López Obrador, en marzo de 2019, y regresaron a las mesas de trabajo para discutir, entre otros temas relacionados, sobre las consecuencias del espionaje ilegal de Enrique Peña Nieto con el software Pegasus, producido por la compañía israelí NSO Group. La idea principal de las mesas es crear las bases para imponer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas y la contratación de tecnología diseñada para ese objetivo: o sea, sí al uso de tecnología para la vigilancia legítima, con proporcionalidad, salvaguardias, responsabilidad y transparencia.

La reincorporación de las organizaciones inyectó oxígeno a una plataforma que significa un nuevo modelo de gestión pública con soporte ciudadano para la toma de decisiones y el ejercicio del gasto público con cuatro ejes: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación. El modelo es un cambio de paradigma: implica no sólo la convocatoria a las urnas para consultar sobre la aplicación del presupuesto o sobre la ratificación o no de un mandato particular, sino construir un gobierno centrado en los ciudadanos y con involucramiento ciudadano. Nada sencillo cuando reina la desconfianza, el individualismo y la negligencia.

La Alianza fue creada en 2011 y ha tenido cuatro ediciones. La más reciente contempla 13 compromisos que abordan la transparencia presupuestal, el desarrollo rural, la educación, los derechos sexuales y reproductivos, la inclusión laboral, la seguridad pública y el control de armas, entre otros. El compromiso séptimo refiere a los controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas

Las organizaciones civiles se retiraron de la Alianza tras las revelaciones en 2017 de distintos casos de espionaje del Gobierno federal, en los que se utilizó la tecnología Pegasus de NSO Group. Era un sinsentido dialogar con un interlocutor desacreditado. El uso de Pegasus, un software que permite tomar el control de un teléfono móvil y ordeñarle todo tipo de información sin que su usuario se dé cuenta, no tuvo consecuencias legales contra sus operadores en el gobierno de Peña Nieto.

Con la llegada de López Obrador al poder, las organizaciones decidieron reincorporarse. Han pasado dos años y medio y ninguna de las metas del compromiso séptimo se han alcanzado. La pandemia lo alteró todo y los plazos para la implementación se ampliaron al 31 de agosto de 2022. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es responsable desde el Gobierno federal de dar seguimiento al tema, pero no es la única involucrada: también están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), además del Inai, el instituto responsable de vigilar la transparencia pública y de la protección de datos personales. La gran ausente es la Fiscalía General de la República (FGR), la gran compradora de tecnología para la vigilancia y el espionaje durante el gobierno de Peña Nieto (cuando aún era Procuraduría).

Un vocero de la Secretaría de la Función Pública me informó que como parte del compromiso séptimo se han realizado 8 sesiones de trabajo bimestrales y una mesa de trabajo con personas expertas en el tema. Entre los documentos resultantes se han producido relatorías, opiniones y propuestas de especialistas, recomendaciones generales y análisis del contexto internacional.

Las recientes revelaciones sobre el uso de Pegasus en 11 de países con México como el caso más grave son una segunda oportunidad para el Gobierno de López Obrador. Abren una nueva ventana para apurar las metas de la Alianza y para que López Obrador marque su raya y demuestre que el suyo, en los hechos y no sólo con palabras, es un gobierno diferente y, sobre todo, transparente.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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