Outsourcing: comenzar de nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a cambiar al país. El lograr una sociedad más justa en donde todos, sin excepción, paguen sus contribuciones y se respeten sus derechos a los trabajadores. Al presidente le informan que el outsourcing sirve para no pagar los impuestos, lastimar derechos y generar desempleo al final del año. Para una persona con la sensibilidad social de nuestro presidente, planteárselo así es fuerte. Así, por ejemplo, durante la firma de la tregua para posponer la modificación legal, Carlos Salazar del CCE participó al lado del gobierno en donde participaron: Arturo Herrera de Hacienda; Raquel Buenrostro del SAT; Carlos Romero, procurador fiscal; Zoé Robledo del IMSS; Luisa María Alcalde de la STPS; y Carlos Martínez del Infonavit, todos fiscalizadores. Se comenzó de forma equivocada. El llamado outsourcing no es una actividad laboral, es, antes que nada, una actividad económica que permite el incremento sustancial de la productividad, la múltiple creación de empresas que se eslabonan entre sí y diversifica la actividad económica, además de formalizar el empleo.

Si no hay actividad económica con gran cantidad de empresas no hay fuentes de trabajo ni derechos laborales que proteger. El Estado tiene la obligación de hacer respetar las leyes y derechos sin distinción, así como promover la creación de empleos. El balance entre un lado y otro debe calibrarse constantemente, es decir, la idea de que se está protegiendo algo sin que sea del todo cierto no puede afectar la actividad económica y menos bajo una situación como la que enfrentamos. A la discusión le ha faltado, además de entender al outsourcing como una actividad económica, partir de la base de que los trabajadores no son únicamente los puestos más bajos sino el resto de la plantilla laboral hasta los altos directivos. Si bien cada estrato dentro de la cadena laboral de la empresa requiere una serie mínima de derechos, se tienen distintas necesidades de protección. Una de las cosas que no se ha dicho es que las empresas serias de outsourcing proveen derechos laborales más allá de los tutelados por las leyes mexicanas como seguros de vida, de gastos médicos y defunción, por arriba de lo que el IMSS e ISSSTE ofrecen.

Los empresarios enfrentan el dilema de defender una práctica fundamental que no inventamos en México, de la que se ha abusado, tratando de aprovechar el momento para limitar el reparto de utilidades —PTU— y mantener el insourcing que nada tiene que ver con el outsourcing, mientras los fiscalizadores en lo suyo, bajo la fantasía de que los empleos se van a crear así porque sí. Como sociedad tenemos que frenar la evasión fiscal, al igual que hacer que todos paguemos impuestos, incluido el 60% de los mexicanos que lo hacen en la informalidad. Al permitir la formalidad, el outsourcing bien llevado es el vehículo idóneo. Es importante que continuemos la discusión incorporando a Tatiana Clouthier de Economía y partir de los principios éticos que promueve el presidente para que entendamos que las malas prácticas se deben de terminar, pero no terminar con la práctica en sí misma.