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¿México digital?
La garantía de que Internet es un espacio seguro y confiable para comercializar, aprender, invertir, desarrollarse, divertirse o simplemente comunicarse con otros es una condición necesaria para el crecimiento de México. La confianza es factor esencial para que usuarios y consumidores de la red puedan concretar cualquier actividad digital.
Hoy se cuestiona si el gobierno federal, con la Estrategia Digital Nacional recientemente anunciada por Alejandra Lagunes, coordinadora de la iniciativa , podrá cumplir sus objetivos generales de ordenar, sistematizar y coordinar la política de digitalización de nuestro país a través de cinco habilitadores: conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos.
Son muchas y muy variadas las razones que pondrán a prueba la seguridad de los intercambios y las operaciones en Internet: la comisión de delitos cibernéticos o informáticos, propagación de virus informáticos, ataques de piratas o de terroristas cibernéticos, violación de derechos de propiedad intelectual, usurpación de marcas y de perfiles, ocupación indebida de direcciones electrónicas, intercepción ilegal de comunicaciones electrónicas, proliferación de contenido ilícito, amenazas a la intimidad personal, etcétera. El Estado se encuentra obligado a crear un entorno seguro en el proceso de digitalización, porque cada vez es más indispensable solucionar problemas a escala mundial, en la medida en que las incertidumbres a esos desafíos constituyen verdaderos obstáculos para el desarrollo nacional, agravados por la pobreza y la deficiente educación de la mayoría de los mexicanos.
No está claro si tal estrategia digital reforzará la coordinación internacional para hacer frente a los problemas materiales y jurídicos de Internet, pues no se trata sólo de establecer una nueva autoridad vigilante o regulatoria ni de expedir legislaciones avanzadas, sino de tratar de consolidar un pacto orientado hacia el futuro, con el fin de contar con enfoques comunes para enfrentar los problemas y desarrollar un sistema de coordinación para que los intereses del sector público y privado estén debidamente representados. La meta es garantizar la funcionalidad y la efectividad de la digitalización.
Coincidimos con las ideas de María Luisa Fernández Esteban, quien asegura que en la economía de Internet y de las nuevas tecnologías se impone el pragmatismo y la corregulación para compartir la responsabilidad entre el operador público y los actores privados.
La Estrategia Digital Nacional deberá también mantener una visión integral que permita, al mismo tiempo, proteger intereses constitucionales y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, respetando la libre competencia y alentando el surgimiento de nuevos mercados.
Es momento de que los mexicanos, principalmente los más desfavorecidos, se beneficien de las telecomunicaciones, medios de comunicación y Tecnologías de la Información. Incluso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras Saldívar, enfrenta enormes retos para dar integralidad y regular a los sectores audiovisuales, de telecomunicaciones e informáticos, en favor de la gente.
Internet y seguridad
En el terreno legal, muchos trámites, juicios y procedimientos jurídicos serán tramitados en línea en un futuro. Pero aún falta mucha cultura jurídica digital y deben sentarse las bases para inculcarla. Incluso, el cibercrimen se avizora como una de las mayores actividades criminales a nivel mundial y México no cuenta con una estrategia de seguridad nacional digital.